Al menos 16 gobernadores morenistas difundieron propaganda prohibida durante el proceso de revocación de mandato, perfila el proyecto del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata.
En el proyecto, que se prevé discutirse la próxima semana, el magistrado vincula al Instituto Nacional Electoral (INE) para que, a la brevedad, emita lineamientos para regular las consecuencias jurídicas ante violaciones a la Constitución por funcionarios, así como la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir.
Los gobernadores impugnaron las medidas por un desplegado que firmaron para apoyar las acciones del gobierno, así como otras en redes sociales para un total de 98 publicaciones consideradas como "ilícitos constitucionales".
El magistrado expuso que el caso implica un número considerable de servidores públicos que vulneraron normas electorales. Además, subrayó que la conducta ilícita fue en repetidas ocasiones.
Por ello, propuso vincular al INE para que emita lineamientos que eviten futuras violaciones a normas constitucionales en materia electoral.
Entre los puntos mínimos que debe contemplar el órgano electoral está determinar las atribuciones de los OPL y del propio INE para verificar el cumplimiento del requisito del modo honesto de vivir.
También propone que el INE establezca el método para que las autoridades verifiquen que las personas cumplan con el requisito de elegibilidad.