"Como parte del gobierno que echó atrás la mal llamada reforma educativa del régimen represor peñista", escribió Arriaga al inicio del documento, donde también afirmó que fue separado de la institución "con policías, como si fuese un criminal".
El exfuncionario sostuvo que la entrega del cargo no fue realizada "en conformidad", sino porque, según afirmó, la SEP rompió de manera arbitraria la relación contractual que mantenía con la dependencia.
Además, rechazó diversas observaciones administrativas realizadas a su acta de entrega y acusó que los oficios enviados por la nueva administración fueron utilizados para "amedrentarlo".
"Usted no es mi amo y no le permito que me mande oficios, ni notas oficiales, ni memorándum", señala el documento dirigido a Nadia López García.
Dentro del escrito, Arriaga respondió observaciones relacionadas con la situación presupuestaria, archivos administrativos, recursos materiales, contratos, recursos humanos, estudios, auditorías y asuntos jurídicos de la Dirección General de Materiales Educativos.
Entre las inconsistencias señaladas por la nueva administración se encuentran archivos incompletos, plantillas de personal desactualizadas, contratos no vigentes, expedientes laborales sin documentación y observaciones pendientes derivadas de auditorías internas.
Arriaga también rechazó referencias relacionadas con programas específicos de la DGME y aseguró que algunas actividades mencionadas no correspondían formalmente a programas institucionales.
Asimismo, pidió aclaraciones sobre observaciones vinculadas con expedientes de personal, movimientos escalafonarios, contratos, archivos administrativos y procesos internos pendientes dentro de la dirección.
En el documento, también defendió su trayectoria dentro del proyecto educativo de la llamada cuarta transformación y acusó que las acciones emprendidas en su contra contradicen el discurso de defensa de derechos laborales impulsado por el actual gobierno federal.