San José, Costa Rica.- México reconoció este martes parcialmente su responsabilidad internacional en el caso del asesinato de la abogada y defensora mexicana de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido en 2001 y admitió reabrirlo con una investigación independiente y reparar e indemnizar a la familia de la víctima, pero rechazó su culpabilidad en la violación del derecho a la vida de la mujer.
El acto mexicano lo “consideramos un gesto de buena voluntad procesal muy importante”, dijo la jueza costarricense Elizabeth Odio, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), al cerrar dos días de audiencias sobre el homicidio que empezaron el lunes.
Tras dos días de exposiciones virtuales de testigos, especialistas y otros comparecientes, el reconocimiento fue anunciado por el mexicano Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y principal expositor de la delegación estatal en ambas audiencias. “El reconocimiento de responsabilidad incluye los hechos que el Estado acepta como ciertos”, explicó Celorio.
Detalló que se dio por probado que “la Fiscalía encubrió el asesinato de Digna Ochoa haciéndolo pasar por suicidio”, mientras que la CIDH “en concordancia con el informe de verificación técnica” de sus expertos, alegó que “el Estado sí investigó, pero que hubo errores tan graves que no pudieron subsanarse”.
En sus conclusiones, la mexicana Karla Micheel Salas, abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos de México y representante de la familia, acusó que Ochoa fue víctima de un “crimen de Estado”.
Al ratificar que “la hipótesis” del suicidio “carece de sustento”, pidió que la reapertura sea hecha por un mecanismo con “independencia de servicios periciales”.
El Grupo, Cejil y la CIDH insistieron ante la Corte que Ochoa fue asesinada por su trabajo como activista de los derechos humanos al defender a ecologistas, estudiantes universitarios y otras personas perseguidas por estructuras militares del Estado mexicano.