En la Cámara de Diputados, la bancada de Morena ha confirmado la distribución de monederos electrónicos entre sus legisladores, lo que ha generado un intenso debate. La justificación del partido es que este beneficio es una prerrogativa accesible para todos los grupos parlamentarios, argumento que ha sido desmentido por partidos de oposición, quienes han solicitado una investigación sobre el uso y la distribución de estas tarjetas, que están precargadas con diez mil pesos cada una.
La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, manifestó que su grupo nunca se ha beneficiado de esta prerrogativa y exigió claridad sobre el origen de estos fondos. "No tenemos conocimiento sobre ese tipo de beneficios", afirmó. Su compañera de partido, Laura Ballesteros, añadió que la discusión se centra en la legitimidad de estos privilegios, cuestionando cómo se pueden establecer estándares de transparencia si existen signos de opacidad en la gestión legislativa.
En declaraciones similares, Kenia López Rabadán, diputada del PAN, rechazó la afirmación de que su grupo reciba este tipo de tarjetas y subrayó que tal situación deteriora la imagen de los legisladores. La expresidenta de la Mesa Directiva sostuvo que es necesario aclarar el origen de estos recursos y enfatizó la importancia de garantizar la transparencia en la administración pública. "Con este tipo de acciones, se contribuye a una falta de confianza en los servidores públicos", argumentó.
El diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuéllar, también pidió una investigación exhaustiva. Aseguró que su partido no ha gozado de esas prerrogativas y que es fundamental conocer el uso y origen de los recursos involucrados. Esta demanda de investigación fue respaldada por legisladores de otros partidos, incluyendo el PT y el PVEM, quienes afirmaron no haber recibido las tarjetas referidas.
Desde el lado de Morena, el coordinador administrativo, Faruk Miguel Take, defendió la legalidad de estos monederos electrónicos, indicando que forman parte de las prerrogativas que la ley asigna a todos los diputados para sus actividades. Según su explicación, las tarjetas se entregaron como un adelanto de las prerrogativas de fin de año y su modalidad busca ofrecer mayor seguridad y transparencia en su uso.
Dos meses antes del inicio de las precampañas para las elecciones de 2027, la controversia en torno a la distribución de estos recursos resalta las preocupaciones sobre la claridad y la ética en el manejo del financiamiento legislativo. El uso de tarjetas de la marca Broxel, específicamente diseñadas para gestionar viáticos y gastos, ahora se convierte en un punto focal de debate entre las diferentes fuerzas políticas presentes en el Congreso.