La Paz, BCS.- Con la mayoría de votos a favor, ayer los diputados locales aprobaron en Baja California Sur la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Con esta acción en favor de los derechos de las mujeres, suman ya nueve las entidades que en lo legal garantizan el derecho a decidir.
La aprobación se dio en el Congreso local luego de la dispensa del trámite de la segunda lectura, tras la cual se procedió a la discusión del dictamen de una iniciativa ciudadana presentada hace una semana para armonizar la legislación local con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia.
La iniciativa fue presentada por la doctora Mónica Jasis, directora del Centro Mujeres A.C., especializado en estudio y atención de la violencia contra este sector y se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, así como de Igualdad, las cuales dictaminaron a favor y en esta jornada se votó. Antes, los diputados integrantes de la fracción del PAN, Rigoberto Mares, Armando Martínez y Blanca Belia Marquéz, se pronunciaron en contra de la dispensa del trámite y de la iniciativa, ratificando su postura “a favor de la vida”.
La mayoría de diputados morenistas, del Partido del Trabajo y de Fuerza por México, junto a la diputada del PRI, Paz Ochoa, y Gabriela Cisneros, independiente, lograron 16 votos contra tres de los panistas que la rechazaron.
En el salón de plenos se encontraban activistas y feministas, así como funcionarias respaldando la iniciativa, quienes con consignas y pañoletas verdes celebraron lo que calificaron como un logro histórico por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y la garantía legal de decidir sobre su cuerpo.
Durante toda la jornada se manifestaron también grupos religiosos, quienes reclamaron a los diputados la dictaminación en fast track de la iniciativa y pedían que fuera consultado el derecho de las mujeres a continuar con sus embarazos o interrumpirlos.
En diversos pronunciamientos, los diputados y las diputadas a favor argumentaron que “en Baja California Sur debían responder a una deuda histórica con las mujeres y a atender la resolución en la materia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.