A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Amnistía Internacional denunció que el Ejército mantiene sin entregar información vinculada con 853 folios exigidos por las familias, pese a una orden judicial, y señaló que el ocultamiento de documentos, el borrado de videos y la lentitud de las investigaciones han prolongado la impunidad.
Amnistía Internacional exige entrega completa de información
En un comunicado, exigió al gobierno federal que requiera a los militares la entrega de toda la información sobre el caso y pidió investigar la eliminación de grabaciones de las cámaras del Palacio Municipal de Iguala, por la posible desaparición de pruebas y el encubrimiento que pudiera implicar.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, respaldó la demanda de las familias para que el Ejército entregue la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia "Centro", con sede en Iguala, Guerrero.
Recordó que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó entregar esa documentación al resolver el juicio de amparo 1350/2023. De acuerdo con el organismo, la orden fue emitida en febrero de este año.
Ocultamiento y borrado de pruebas prolongan impunidad
La información está vinculada con los 853 folios que han reclamado las familias, organizaciones sociales y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
"La transparencia tiene un peso fundamental en la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en este caso paradigmático de desaparición forzada", advirtió Olivares Ferreto.
Amnistía señaló que el ocultamiento de información ha sido una constante en las investigaciones. Recordó que, al concluir su colaboración el 31 de julio de 2023, el GIEI alertó que los documentos recibidos eran parciales y corroboraban la existencia de otros datos sobre la detención y el traslado de normalistas.
Respecto al borrado de videos del Palacio Municipal de Iguala, la organización indicó que la decisión se atribuye al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y que otras dos personas habrían ejecutado la orden. Exigió investigar los hechos por la gravedad de la desaparición de pruebas y el posible encubrimiento.
Sostuvo que el gobierno mexicano tiene la obligación de realizar todas las gestiones necesarias para esclarecer las desapariciones y llevar ante tribunales ordinarios a quienes resulten sospechosos de responsabilidad penal, mediante juicios justos.
También reconoció las aportaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense y las organizaciones que han acompañado a las familias durante estos 12 años, cuyo trabajo, señaló, ha sido fundamental para corregir el rumbo y lograr avances en la investigación.
Olivares Ferreto exigió que cualquier nueva información sea comunicada primero a las familias por los canales oficiales y que se frene la difusión de versiones sin sustento.
"Hacemos eco también de lo señalado por las familias de los jóvenes desaparecidos en el sentido de que toda información del caso corresponde conocerla en primer lugar a ellas, por los conductos oficiales establecidos, y que se deje de difundir información carente de sustento o tendente a cuestionar su lucha para conocer el paradero de sus hijos y lograr justicia y reparación integral del daño", dijo.
CNDH niega falta de atención a familias
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra, rechazó haber negado atención a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa durante la manifestación del 24 de septiembre en sus instalaciones y señaló que a más de dos meses de emitir la Recomendación 208VG/2026, no ha recibido su aceptación por parte de las autoridades a las que fue dirigida.
Al cumplirse 12 años de la desaparición forzada de los estudiantes, el organismo precisó en un comunicado que no ha recibido la aceptación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), ni de la Fiscalía General de la República (FGR).
Sobre la protesta en sus instalaciones, sostuvo que su presidenta, tuvo disposición para escuchar a las familias, dialogar y responder a sus demandas, y aseguró que esa apertura se mantiene.
"En todo momento hubo la plena disposición de su presidenta Rosario Piedra para escucharlos, para dialogar y para ofrecerles todas las respuestas que reclamen y necesiten; y que esa disposición sigue y la seguirá habiendo para cuando ellos lo decidan", señaló.
La CNDH afirmó que su interés es que se investiguen todos los hechos y a todas las personas que sea necesario, para poner fin a "tanta mentira, encubrimiento, ineficiencias y omisiones que han enturbiado el caso".
Defendió la Recomendación 208VG/2026, emitida el 9 de julio, y sostuvo que fue elaborada a petición expresa de las víctimas, con quienes aseguró haberse reunido las veces que lo solicitaron.
Explicó que el documento busca proteger los derechos de las familias de los normalistas desaparecidos y de los estudiantes sobrevivientes, quienes, de acuerdo con el organismo, no han contado con apoyo para reconstruir sus proyectos de vida.
"Todo, absolutamente todo lo que contiene la Recomendación 208VG/2026, está perfectamente sustentado y documentado. Nada de lo que en ella se expone es inventado, ni producto de una narrativa de escritorio", aseguró.
Añadió que sus conclusiones se sustentaron en una investigación realizada dentro de sus atribuciones y en la información y respuestas de las autoridades señaladas como participantes en los hechos o como probables responsables.
Además subrayó los límites de sus facultades y señaló que su labor consiste en emitir recomendaciones, aportar elementos y proponer posibles líneas de investigación a las autoridades competentes.
"La CNDH no hace tareas ministeriales ni sustituye a los tribunales. No es Ministerio Público, ni tiene las funciones de un juez", expresó.
También reiteró su solidaridad con las madres y padres de los normalistas y con los sobrevivientes, y llamó a las autoridades a profundizar en las nuevas investigaciones, cumplir sus deberes constitucionales y observar los estándares internacionales para alcanzar la verdad y la justicia.