Ciudad de México.- Las medidas de vigilancia, control del espacio público y actuación policial desplegadas durante el Mundial de Futbol 2026 podrían mantenerse en México después del torneo, advirtieron organizaciones defensoras de derechos humanos.
Durante la presentación del informe Gritar gol y gritar ¡justicia! Violaciones a derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026, representantes de las organizaciones señalaron que algunas disposiciones extraordinarias corren el riesgo de incorporarse de manera permanente a las políticas de seguridad.
El documento analiza lo ocurrido en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas del torneo organizado junto con Estados Unidos y Canadá. Entre los patrones identificados figuran la represión y estigmatización de protestas, restricciones al uso del espacio público, control territorial y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia.
"Nos preocupa que una vez que esas garantías ya se flexibilizaron, que ya no haya vuelta atrás", declaró Josefa Gómez, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Uno de los casos expuestos corresponde a Jalisco, donde el presupuesto relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas aumentó 172.68 por ciento. Sin embargo, las organizaciones sostienen que más del 90 por ciento de ese crecimiento se concentró en el C5 y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.
De acuerdo con el informe, los recursos no se dirigieron principalmente a tareas de búsqueda en campo, identificación humana o atención a familiares de personas desaparecidas.
El presupuesto del C5 habría pasado de 6.8 millones de pesos en 2025 a mil 345 millones en 2026, destinados principalmente a videovigilancia y tecnologías de monitoreo.
Gina Díaz Martínez, representante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, cuestionó esta distribución ante la presencia de fosas clandestinas, la saturación de los servicios forenses y la crisis de desapariciones en Jalisco.
El reporte también contabilizó 50 registros correspondientes a 21 episodios de protesta ocurridos entre el 1 y el 30 de junio. Dieciocho de esas movilizaciones se desarrollaron en Ciudad de México y en 40 registros se constató la presencia de agentes estatales.
Las organizaciones identificaron encapsulamientos de familias buscadoras que reclamaban respuestas ante los más de 134 mil registros oficiales de personas desaparecidas, así como intervenciones de mayor violencia contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Además, el informe señala hostigamiento contra personas en situación de calle en Ciudad de México y Guadalajara, así como acciones de reordenamiento urbano que afectaron a poblaciones indígenas, colonias populares y familias buscadoras en Monterrey.
También documentó afectaciones a periodistas durante al menos seis protestas y 11 agresiones contra mujeres periodistas durante el torneo.
Adriana Quiroz, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, cuestionó que las autoridades no establecieran fechas para concluir o retirar algunas medidas de seguridad. También señaló la participación de policías vestidos de civil en los operativos.
Las organizaciones pidieron revisar estas acciones y evitar que las restricciones aplicadas durante el Mundial se normalicen como parte de las políticas de seguridad en las ciudades sede.