Ciudad de México.- Un comité especializado de la ONU que analiza desde 2015 las desapariciones forzadas en México, en las que participan autoridades por acción u omisión, publicó un informe el jueves en el que aseguró que este fenómeno es generalizado, no se detiene y la impunidad persiste.
Por eso y después de años de recomendaciones se utilizó un recurso inédito: pedir a la Asamblea General que examine la situación y proponga medidas para ayudar en la crisis porque México no puede hacerlo solo.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el planteamiento y definió el documento como “tendencioso” y sin rigor jurídico.
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, una de las ONG mexicanas expertas en el tema, lo demostró “la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones a lo largo de cuatro gobiernos de tres partidos distintos”.
Las familias celebraron el pronunciamiento del comité pero quedaron sumidas en la frustración ante la reacción oficial y sin saber qué pasará ahora.
Además, se siguen descubriendo millas de enterramientos clandestinos y, según los datos recopilados por Naciones Unidas, hay unos 72,000 restos humanos no identificados en distintas morgues o fosas del país.
El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) concluyó que existen “indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad” y por eso pidió la intervención de la Asamblea General.
México contestó al CED que la mayor parte de las desapariciones las realizadas los cárteles, no el Estado y que la falta de debida diligencia al investigar no puede considerarse complicidad.
En un comunicado el jueves, dijo que la decisión del Comité “es parcial y sesgada”, que no tiene “rigor jurídico” y que el gobierno “ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”.