Su propuesta plantea, entre otras cosas, que a quien teniendo bajo su propiedad, posesión, resguardo o custodia un arma de fuego, por negligencia, descuido o falta de resguardo adecuado permita que una persona menor de 18 años tenga acceso a ella, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión, multa de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización y la obligación de participar en programas de responsabilidad parental y prevención de la violencia.
Se estipula que si, como consecuencia de dicha omisión, la persona menor de edad introduce o porta el arma en un plantel educativo, espacio público o lugar de acceso público, la pena se aumentará hasta en una mitad.
La legisladora sostuvo que la propuesta surge ante el aumento de reportes de violencia escolar y el riesgo que representa la presencia de armas, por lo que se busca cerrar un vacío legal en la legislación, fortalecer la prevención de la violencia en los entornos escolares y establecer protocolos de actuación ante estos casos.
"Estamos convencidos que una escuela segura comienza en casa, los centros educativos deben ser espacios seguros. Cuando un menor accede a un arma casi siempre hay una negligencia previa de una persona adulta. Antes de revisar qué traen en la mochila, nosotros queremos que la vigilancia empiece en casa. Lo que buscamos es que exista responsabilidad adulta cuando un arma termina en manos de un menor. No podemos normalizar que esto ocurra", afirmó la legisladora.
La propuesta también plantea que, cuando una niña, niño o adolescente sea detectado portando un arma dentro de una escuela, las autoridades actúen bajo un enfoque de protección integral, evitando su criminalización y priorizando la atención psicológica, social y familiar.
"Un menor que llega a una escuela con un arma también es una señal de alerta sobre lo que ocurre en su entorno familiar o social. La respuesta del Estado debe ser preventiva y de protección", dijo.
Además de la sanción penal, la iniciativa establece que las autoridades educativas deberán implementar un Protocolo de Seguridad Escolar ante la Portación de Armas, aplicable en todos los planteles públicos y privados de la ciudad.
Este protocolo incluiría la activación inmediata de medidas de seguridad dentro de las escuelas, la notificación a autoridades de seguridad y educativas, el aviso a madres, padres o tutores y la intervención institucional para investigar el origen del arma.
"Debemos prevenir tragedias antes de que ocurran. Esta propuesta busca fortalecer la seguridad escolar, pero también promover una verdadera corresponsabilidad entre familias, autoridades educativas y autoridades de seguridad", concluyó.