Ciudad de México.- La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, inició dos consultas entre los ministros del pleno para determinar si tiene facultades para suspender la controvertida reforma judicial, aprobada en la Cámara de Diputados y que avanza en el Senado.
Hace unos días, magistrados y jueces solicitaron a Norma Lucía Piña Hernández que se suspenda el procedimiento de la reforma judicial, con base en la facultad prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que en la misma se contempla la destitución de los juzgadores y su elección mediante voto popular, lo que consideran violatorio a sus derechos humanos.
En consecuencia, la presidenta de la Corte abrió una consulta a sus compañeros del pleno para que definan si legalmente puede pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión de la reforma judicial.
“Se consulta al Tribunal pleno sobre la posibilidad de que la presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer, conforme al apartado III”, señala uno de los acuerdos emitidos por Piña Hernández.
“Se decrete como medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el pleno de este Máximo Tribunal de la Nación se pronuncie de fondo”, agrega el acuerdo.
Los asuntos fueron asignados de urgencia a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, a fin de que formule un proyecto de resolución al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su discusión y votación.
Ante las consecuencias que podría traer la reforma para el sistema de justicia federal, la Jufed consideró necesario que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma judicial y fije una postura a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial.
“De ahí la procedencia de la solicitud que, pedimos, se revise en el fondo la constitucionalidad de una norma constitucional que podría entrar en conflicto con los valores y principios fundamentales de la Constitución, como son la independencia judicial, la inamovilidad de las juezas y jueces, y los derechos adquiridos que deben operar en beneficio de la sociedad”, resaltó la ministra Piña.