CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Fiscalía General de México anunció el lunes que busca encarcelar a un supuesto segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido hace casi treinta años, reviviendo así una hipótesis que fue descartada en 1994.
En un comunicado, el Ministerio Público informó que apelará la decisión de un juzgado local que hace 20 días negó la detención de un agente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien era escolta de Colosio y se encontraba en el lugar en el momento del ataque.
La Fiscalía identifica al supuesto segundo tirador como Jorge Antonio "S".
Un agente federal, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar, confirmó a la AP que se trata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien fue apresado tras el asesinato de Colosio y liberado poco después.
"Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima", señala el comunicado. Y agrega que el Ministerio Público también tiene evidencias y testimonio de que el agente "disparó un arma" y que huyó del lugar del tiroteo y no ayudó a transportar a Colosio.
El anuncio de la Fiscalía coincidió con una sorpresiva declaración a la prensa el lunes del hijo del político asesinado, Luis Donaldo Colosio, que comparte nombre con su padre, quien solicitó al presidente mexicano que indulte al asesino confeso de su padre, cuando faltan casi dos meses para que éste cumpla los 30 años de cárcel y después de que su sentencia fuese invalidada por un tribunal.
"Apelando a la compasión del presidente yo digo que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que dé un carpetazo final que permite que tanto mi familia como México sanemos", afirmó Colosio hijo en un mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras quejarse de que el proceso sobre el asesinato de su padre ha sido "muy manoseado" y se ha utilizado con fines políticos.
Aburto fue detenido en marzo y condenado en noviembre de 1994 por el asesinato de Colosio, entonces aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Está en una cárcel de máxima seguridad, a punto de cumplir 30 años por el homicidio del candidato que figuraba como favorito, un caso que marcó a la política mexicana.
Confesó entonces que actuó en solitario para asesinar a Colosio, pero tiempo después denunció que fue víctima de torturas reiteradas, en medio de versiones que apuntaban a que el magnicidio pudo tener connotaciones políticas y ser alentado desde el poder.
Con la llegada a la presidencia mexicana de Colosio, se temía que hiciera reformas en las estructuras jerárquicas de su partido, que concentraba desde la década de 1920 el control del país.
En octubre pasado, un tribunal colegiado invalidó la condena contra Aburto alegando que el asesino debió ser juzgado por el delito de homicidio con base en el Código Penal del estado Baja California, que contempla una pena máxima de 30 años de cárcel por ese delito del fuero común, y no de acuerdo con el Código Penal Federal, que le impuso 45 años de prisión.
De acuerdo con esa resolución judicial, Aburto debe ser sentenciado nuevamente bajo el Código Penal de Baja California, señaló meses atrás un comunicado el Instituto Federal de Defensoría Pública, y, en consecuencia, se esperaba que el tribunal declare "compurgada la pena", puesto que el asesino completa 30 años de cárcel en marzo.
Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994 de dos disparos en un mitin de campaña en la ciudad fronteriza de Tijuana, estado de Baja California, desencadenando una fuerte crisis política en México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México recomendó a la Fiscalía General de la República reabrir la investigación del caso debido a las quejas por torturas interpuestas por Aburto y denuncias sobre irregularidades en su proceso.