Veracruz, Ver.- La policía del estado de Veracruz, infestado de corrupción, creó unidades que empleó tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y hacer desaparecer a por lo menos 15 personas, en su mayoría jóvenes, sospechosas de ser informantes y “mulas” de los cárteles del narco, de acuerdo con acusaciones presentadas por la procuraduría estatal.
Las denuncias presentadas la semana pasada contra exjefes de la policía de Veracruz muestran todas las señales de las violaciones de derechos humanos de las tristemente célebres campañas contra las guerrillas en los años de 1960 y 1970.
La policía en sus patrullas recogía a los jóvenes, pero no registraba los arrestos. Los entregaba a escuadrones especializados en interrogatorios y torturas que funcionaban en la misma academia de policía, que luego los mataban y hacían desaparecer los cuerpos, según el acta de acusación.
Si bien se sabe de policías corruptos que entregan jóvenes a los cárteles de la droga en distintas regiones de México, el caso de Veracruz es notable por la jerarquía de los acusados: son el exjefe de seguridad estatal y los jefes de al menos dos divisiones policiales, lo cual sugiere que las desapariciones eran política de estado durante la administración del gobernador Javier Duarte, quien se encuentra preso para responder a cargos de corrupción.
“Es la primera vez en la que se consigna a un grupo importante de personas en número y jerarquía y que se logra demostrar que hay una estructura, un aparato organizado de poder que se pone de acuerdo, planifica y ejecuta un plan elaborado, generalizado y sistemático para desaparecer personas”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos.
“Lo paradigmático es la estrategia de la fiscalía para construir una teoría de caso que habla de una estructura de poder ideada para cometer desapariciones”, añadió.
Las desapariciones en Veracruz en 2013 y 2014 no sucedieron en montañas remotas; se las perpetraba descaradamente en ámbitos urbanos. Diecinueve agentes de la policía de Veracruz, en actividad o retirados, están siendo juzgados por “desaparición forzosa”. Entre ellos figuran el exsecretario de seguridad pública y sus directores de fuerzas especiales, cárceles y policía.
Las víctimas incluyen dos mujeres y dos menores.