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El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue trasladado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el Centro de Justicia Penal federal del Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl.
En el traslado del exservidor público participan agentes de la Policía Federal, de la PGR, así como policías capitalinos y del Estado de México.
Para conocer las condiciones en que llegó, antes de iniciar su traslado fue sometido a diversas evoluciones médicas adicionales a las que le practicaron previo a su salida de Panamá.
Borge Angulo fue detenido el paso 4 de julio en el aeropuerto de Panamá y luego de que la mañana de este jueves ese país concluyó su proceso de extradición, el exgobernador fue trasladado a México para enfrentar a la justicia.
El exmandatario enfrentará un proceso penal ante la federación por lavado de dinero y tres causas locales por aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública.
Lo presentan ante juez
Borge Angulo, arribó al centro de Justicia penal federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, para la realización de la audiencia inicial del proceso que se sigue en su contra por "lavado" de dinero.
Luego de su arribo al hangar de la Procuraduría General de la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, extraditado desde Panamá, el ex mandatario estatal permaneció durante más de una hora para cumplir con los trámites consulares necesarios para ser puesto a disposición del juez de control que ordenó su detención, Enrique Beltrán Sentés.
El traslado desde el aeropuerto capitalino a Nezahualcóyotl duró aproximadamente 30 minutos.
Al llegar, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR lo pusieron a disposición del juez de control para que dé inicio la audiencia en la que Borge será informado sobre la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita que emitió en su contra la Procuraduría.
Durante la diligencia se prevé que los fiscales federales soliciten su vinculación a proceso por "lavado" de dinero y la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.