Ciudad de México.- Un enorme cuadro de Benito Juárez mira de frente al escritorio de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la primera presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien logró romper lo “que parecía un inaccesible techo de cristal”.
Su amplia oficina en la avenida Pino Suárez, en el Centro Histórico, está rodeada de héroes de la patria, y luce como nunca: decorada con flores que dan cuenta que el espacio más importante del Poder Judicial de la Federación (PJF) es ahora ocupado por una mujer.
Desde ahí, la ministra de carrera judicial “toma las riendas” para llevar al Poder Judicial a una “reingeniería” al servicio de los mexicanos, bajo los principios de independencia judicial y unidad.
A un mes de asumir la presidencia de la Corte, Piña Hernández hará este domingo su presentación oficial ante los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el marco de la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución de 1917, en la ciudad de Querétaro.
Como presidenta del Poder Judicial le toca encarar un momento de definiciones en lo inmediato y en el largo plazo.
Justo en el arranque de su presidencia, deberá encabezar los esfuerzos para que el Máximo Tribunal haga hincapié sobre la constitucionalidad de temas tan importantes como el paquete de reformas en materia electoral impulsada desde el Ejecutivo federal, conocidas como el plan B, y que ha generado el rechazo de la oposición.
Así como el tema de la militarización, derivada de la cada vez más preponderante presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y en tareas civiles.
Admiradora de la escritora y activista hindú Arundhati Roy, la ministra considera que la violencia contra las mujeres se basa en la imposición del sistema patriarcal y en la supremacía que las mujeres han otorgado al modelo de la masculinidad hegemónica.
La abogada egresada de la UNAM con 9.6 de promedio ha sido enfática en señalar la necesidad de contar con una legislación y políticas públicas adecuadas para garantizar que las mujeres cuenten con mecanismos para ascender a puestos de decisión dentro del PJF y los poderes judiciales locales, así como medidas que les permitan conciliar su vida laboral con la familiar.
Para la ministra, “los jueces no son máquinas aplicadoras de la ley, sino seres sociales con diversos perfiles éticos, que deben ser juzgados”, entendiendo la independencia judicial como garantía de la sociedad a la que sirven.
Bajo la ponencia de Piña Hernández se han definido criterios trascendentales en materia de perspectiva de género, y ha destacado en sus intervenciones en debates en torno a la tutela judicial efectiva; el derecho a la educación; el derecho al libre desarrollo de la personalidad; la libertad de expresión, tanto con relación a los discursos de odio, como también a la luz del derecho de réplica; el derecho a la información; la filiación, la violencia obstétrica, los derechos de la niñez y de las personas con discapacidad, de la comunidad LGBT+.