Ciudad de México.- A unas semanas de que concluya la gestión de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exintegrantes del Consejo Consultivo interno, ONG y especialistas advierten que el Senado podría apoyar a la ombudsperson para cumplir un segundo periodo en el organismo o designar nuevamente a una persona afín al partido hegemónico.
“Tomando en cuenta la manera en que han actuado los senadores, la mayoría de ellos la designaron [a Rosario Piedra] en su primer periodo sin que alcanzara el número de votos requerido constitucionalmente, y la manera en que han procedido, hacen previsible que a pesar de que la ombudsperson, que le ha hecho honor a su apellido, ha sido omisa y sumisa al frente de la comisión, la terminen reeligiendo”, dice Luis de la Barreda Solórzano, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal.
“Es una desvergüenza que Piedra Ibarra quiera reelegirse. Terminó con la CNDH y se desempeñó como una apoyadura incondicional del gobierno federal. Es una tristeza en lo que acabó la CNDH, pero es algo que va acorde con lo que está pasando en el país: la demolición de la democracia, la concentración del poder en la Presidencia de la República y la eliminación de los organismos autónomos”, añade.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez insiste en que se debe asegurar que el próximo proceso de nombramiento de la persona titular de la comisión sea adecuado, transparente y participativo, de conformidad con los estándares internacionales establecidos en los Principios de París, y que garantice los principios de idoneidad, independencia y autonomía.
“El tema de la autonomía es fundamental, y a partir de eso hay que valorar el plan de trabajo que se tiene que presentar como parte de la postulación y si este incluye un abordaje a los principales problemas en materia de derechos humanos: la situación de militarización y de violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas, la crisis de desapariciones, el contexto de tortura y las cuestiones de derechos de las personas en situación de movilidad humana entre otros”, indica Eduardo Guerrero, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.