Por ello, exhortaron a las autoridades a garantizar investigaciones para el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales, y a establecer un programa integral de atención para pescadores, prestadores de servicios turísticos y poblaciones costeras, con información pública, transparente y verificable.
Asimismo, solicitaron informes detallados en un plazo máximo de 15 días sobre la magnitud del derrame, su origen, los daños ambientales y económicos, así como las medidas de contención, limpieza y remediación. También pidieron claridad sobre las acciones de apoyo, compensación y reparación a comunidades afectadas.
Señalaron que la información oficial presenta inconsistencias sobre el origen del derrame. Mientras la versión gubernamental lo atribuye a un buque y a emanaciones naturales, comunidades, pescadores y organizaciones reportan afectaciones crecientes a la pesca, el turismo, especies marinas y áreas naturales protegidas.