Ciudad de México.- Las promesas realizadas durante las campañas electorales quedarían registradas en un padrón público nacional y quienes resulten electos tendrían que informar anualmente sobre su cumplimiento, de acuerdo con una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.
La propuesta fue impulsada por la diputada federal Paulina Rubio Fernández, del PAN, y plantea reformar los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El proyecto establece que las personas candidatas a cargos de elección popular deberán entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) un registro de los compromisos asumidos durante sus campañas.
El organismo electoral tendría la responsabilidad de administrar el padrón y publicar las promesas registradas para que puedan ser consultadas por la ciudadanía.
Las personas que resulten electas también estarían obligadas a presentar informes anuales ante el INE sobre el grado de cumplimiento de cada compromiso.
Estos reportes tendrían que incluir documentos y otros elementos para acreditar los avances, así como las razones por las que determinadas propuestas no pudieron concretarse.
Al finalizar el periodo del cargo público, el INE deberá elaborar un informe sobre el cumplimiento de los compromisos y comunicar sus resultados a la ciudadanía.
La información también sería enviada a las autoridades responsables de investigar posibles faltas administrativas y, cuando corresponda, a los congresos locales.
Rubio Fernández señaló que actualmente la legislación electoral no establece un mecanismo específico para registrar y dar seguimiento a las propuestas formuladas por las candidaturas.
La legisladora argumentó que las promesas de campaña influyen en las preferencias del electorado, por lo que consideró necesario crear una herramienta que permita revisar su cumplimiento.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis. Para entrar en vigor necesitaría ser aprobada por el Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaturas estatales, al tratarse de una reforma constitucional.
El proyecto difundido no precisa sanciones específicas para quienes incumplan sus compromisos; plantea registrar, documentar y hacer públicos los avances y las justificaciones correspondientes.