Ciudad de México.- La consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, rechazó que los lineamientos para garantizar el derecho de las audiencias sean un mecanismo de censura o que otorguen al gobierno facultades para determinar qué pueden publicar los medios de comunicación.
En entrevista con El Universal, la funcionaria defendió las disposiciones que se encuentran en consulta pública, la cual concluye el 21 de agosto, y aseguró que las críticas de especialistas, organizaciones y representantes de la industria de radio y televisión parten de una interpretación que, dijo, no corresponde con el contenido del proyecto.
“Estas críticas están totalmente fuera de la realidad, más enfocadas a una intención de generar una falsa narrativa sobre los lineamientos”, acusó.
“Los lineamientos ni la ley establecen algún tipo de nuevas obligaciones o criterios que estén vinculados con censura, de ninguna manera”, afirmó.
La consejera Jurídica de Presidencia insistió en que basta con leer el documento para comprobar, según su interpretación, que no existen disposiciones dirigidas a “acallar voces” o imponer visiones únicas.
“Si uno entra y lee los lineamientos, cualquier persona puede constatar que no vienen integrados elementos vinculados con, por ejemplo, como se ha dicho, que no se puedan verter opiniones, que se vaya a sancionar los contenidos de los medios, que la verdad última estará a cargo del gobierno, que hay una intención de acallar voces o de tener visiones únicas. Falso. Absolutamente falso”, señaló.
La funcionaria aclaró que los lineamientos actualmente en discusión están dirigidos exclusivamente a radio y televisión.
El objetivo, explicó Alcalde, es que las audiencias puedan identificar con mayor facilidad cuándo reciben una noticia, cuándo escuchan una opinión y cuándo están frente a un contenido publicitario. Uno de los puntos centrales de la defensa de Alcalde es que las sanciones previstas en el esquema no estarán relacionadas con el contenido periodístico.
De acuerdo con la consejera Jurídica de Presidencia, los medios deberán cumplir con tres obligaciones principales: emitir un código de ética, nombrar a un defensor de las audiencias y establecer un mecanismo eficaz para recibir quejas.