Ciudad de México.- Familiares de víctimas cumplieron dos días de haber tomado las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico, con el fin de exigir justicia por el abuso sexual que sufrió una menor de edad en su escuela y por el asesinato de un joven de 19 años en San Luis Potosí.
Marcela Alemán, madre de una niña que habría sido abusada sexualmente en el Instituto Luis Gonzalo Urbina, y Silvia Castillo, mamá de un joven supuestamente asesinado en 2019, llegaron a la CNDH el martes para reunirse con la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra a las 15:00 horas; sin embargo, al finalizar el encuentro decidieron permanecer en el edificio ubicado en la calle República de Cuba 60.
Luego de pernoctar en el inmueble, ayer por la mañana Marcela Alemán y Silvia Castillo salieron a un balcón para ondear una Bandera de México al mismo tiempo que exigieron a las autoridades castigar a los responsables por el crimen de sus hijos.
“Decidí tomar las instalaciones porque yo le debo a mi niño su justicia, no voy a descansar hasta que él acceda a la justicia. Si ya estoy aquí me voy a morir aquí, ya no quiero papeleo ni mesas de diálogo, sino que quienes mataron a mi hijo sean vinculados a un proceso”, señaló Silvia.
Silvia recuerda que el 23 de marzo del año pasado su hijo Alan Castillo se fue a una fiesta con su vecino y desde ese momento desapareció. Según las propias investigaciones que la madre de la víctima realizó, el joven habría sido golpeado e incinerado.
“Lo que hasta ahora hemos conseguido es que nos revictimicen al decirnos que regresemos a San Luis Potosí”, dijo.
Con el objetivo de que se liberaran las oficinas de la CNDH, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, entabló un diálogo con familiares de las inconformes, pero hasta ayer no había algún acuerdo.
“Quiero que se actúe conforme a derecho; no quiero dinero, quiero justicia, es lo que quiero”, expresó en entrevista Marcela Alemán, madre de una menor que con sólo cuatro años habría sido agredida sexualmente en su colegio.
“Todo el gobierno del estado de San Luis fue omiso, pisoteó los derechos de mi hija”, expuso una molesta Marcela.