ONU alerta sobre reclutamiento de menores por crimen organizado en México

El organismo recomienda políticas para prevenir reclutamiento infantil y asegurar continuidad educativa

El crimen organizado provoca el cierre de escuelas, deserción escolar y desplazamiento forzado en México, además de reclutar a niñas, niños y adolescentes, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que exigió al gobierno una política nacional para impedir que los menores sean utilizados por grupos criminales y garantizar la continuidad de las clases en las comunidades afectadas por la violencia.

ONU advierte reclutamiento y violencia contra menores

En sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, aprobadas el 13 de noviembre de 2026, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales alertó sobre "el cierre de escuelas, la deserción escolar, el desplazamiento forzado" y la pérdida de empleos y medios de subsistencia por amenazas y extorsiones.

El organismo también manifestó su preocupación por "el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por los grupos delictivos organizados", así como por las desapariciones, la explotación sexual y la trata, sin que se les reconozca como víctimas.

Recomendaciones para proteger a la infancia y garantizar educación

Ante esta situación, recomendó al Estado mexicano adoptar una política nacional para prevenir el reclutamiento y utilización de menores, mediante estrategias de prevención comunitaria con participación de organizaciones civiles y de la propia infancia.

La ONU pidió dar prioridad a la investigación y sanción de las desapariciones, feminicidios y otros delitos contra niñas, niños y adolescentes, así como establecer mecanismos de protección en los tres órdenes de gobierno.

En materia educativa, exigió "garantizar la continuidad de servicios esenciales en todo el territorio mediante la presencia de autoridades civiles" y adoptar medidas de protección para el personal encargado de prestarlos.

También recomendó evaluar por entidad federativa y municipio los efectos de la inseguridad sobre los derechos de la población, con especial atención a la infancia, las comunidades indígenas y los habitantes de zonas rurales.

El Comité advirtió que la violencia de la delincuencia organizada también interrumpe servicios de salud, incluidas campañas de vacunación y tratamientos especializados, debido a los bloqueos que impiden el acceso del personal sanitario a determinadas comunidades.

Otro señalamiento apunta a la posible complicidad de funcionarios públicos con organizaciones criminales. El organismo expresó preocupación por la falta de información sobre investigaciones y condenas de servidores públicos por su posible colusión con estos grupos.

Por ello, exigió investigar las violaciones de derechos derivadas de la participación de autoridades con organizaciones delictivas, sancionar a los responsables y garantizar la reparación integral de las víctimas.

La violencia también afecta la permanencia escolar de los hijos de personas desaparecidas. El Comité advirtió que estos menores enfrentan deserción, pérdida de redes de apoyo y oportunidades de desarrollo, además de quedar expuestos al acoso y a la violencia desde edades tempranas.

El documento señala que las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos pueden perder su empleo, ingresos, vivienda y seguridad social, mientras sus hijos e hijas abandonan la escuela.

La ONU pidió garantizar a estas familias apoyos económicos, atención médica y psicológica, protección laboral y continuidad educativa para los menores, independientemente de la entidad federativa donde residan.

También recomendó restablecer el mínimo presupuestario destinado a la atención de víctimas y asegurar que todas las entidades federativas cuenten con fondos para apoyar a las familias afectadas por desapariciones.

Registro y protección para desplazados y educación inclusiva

El organismo advirtió además sobre la falta de una ley general contra el desplazamiento forzado interno y recomendó crear un registro nacional de personas y comunidades desplazadas, así como garantizar condiciones para su retorno seguro.

En el apartado dedicado al derecho a la educación, la ONU expresó preocupación por "el bajo gasto por estudiante y los costos ocultos de la educación primaria", la baja permanencia en secundaria, las desigualdades de acceso a la educación superior, la brecha digital y la violencia sexual en las escuelas.

Por ello, recomendó adoptar una estrategia integral contra el abandono escolar que atienda la violencia, la pérdida de cuidadores, la separación familiar y el desplazamiento, además de aumentar la inversión por alumno y evaluar el impacto de las becas.

El Comité también pidió establecer mecanismos de supervisión en escuelas públicas y privadas para prevenir y sancionar la violencia sexual, eliminar los costos ocultos de la primaria y fortalecer la educación intercultural bilingüe en comunidades indígenas.

En materia presupuestal, cuestionó la disminución de las asignaciones federales para la niñez, la salud y la educación media superior en 2026, y recomendó incrementar los recursos destinados a garantizar estos derechos.

La ONU también advirtió sobre las múltiples formas de violencia contra la infancia, incluido el uso de castigos corporales que afecta a 46% de las niñas y niños de uno a cuatro años, así como la persistencia del matrimonio infantil, las uniones forzadas y el trabajo infantil.

Exigió reforzar las inspecciones contra el trabajo infantil, especialmente en la agricultura y el trabajo doméstico, y garantizar la reintegración escolar de los menores afectados.

Dijo además que la pobreza continúa siendo elevada en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, particularmente entre comunidades indígenas y afromexicanas, mientras se amplía la brecha de acceso a derechos entre niñas y niños indígenas y no indígenas.

En el caso de la población migrante, manifestó preocupación por el internamiento de menores en centros de asistencia social, que restringe su acceso a la educación y la salud, y pidió garantizar estos derechos independientemente de su situación migratoria.

También cuestionó la persistencia de la educación especial segregada para personas con discapacidad y recomendó reorientar los recursos hacia una educación inclusiva y de calidad.

Además, pidió fortalecer la protección de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y familiares de desaparecidos frente a amenazas, asesinatos y represalias, así como garantizar la independencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.