CIUDAD DE MÉXICO.- Durante más de dos años, la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa ha dejado más de 4 mil homicidios y 4 mil 500 desapariciones, según datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El conflicto ha desatado una violencia brutal, marcada por el uso de explosivos artesanales lanzados desde drones, cuerpos cercenados expuestos en las calles, así como casas y negocios incendiados.
Para sostener esta batalla, los grupos en disputa han extendido sus redes de reclutamiento a otros estados del país, donde adolescentes y jóvenes son atraídos con falsas ofertas de empleo y promesas de sueldos elevados. Después son trasladados a campamentos de entrenamiento y enviados a las zonas de batalla.
Nadie conoce la cifra real del reclutamiento de jóvenes y menores en México, pero en esta investigación periodística se documentó un incremento en el número de personas foráneas desaparecidas en Sinaloa a partir de septiembre de 2024, justo cuando se desató la violencia. De 142 casos registrados en 2023, la cifra pasó a 208 en 2024, y alcanzó 231 reportes en 2025, un aumento de 63% respecto al año previo al conflicto.
Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, en medio de la guerra interna del cártel, las personas foráneas desaparecidas en Sinaloa llegaron a 536; la cifra representa más de la mitad de todos los casos registrados en los cinco años previos, entre 2019 y 2023.
El incremento de las desapariciones coincide con una estrategia de reclutamiento forzado utilizada por grupos criminales para sostener la guerra, según los testimonios de víctimas y especialistas entrevistados. A partir de sus relatos se lograron reconstruir dos rutas de reclutamiento que conectan los estados de Jalisco y Durango con Sinaloa. Durango, Jalisco, Sonora y Chihuahua concentran el 44% de las personas originarias de otros estados que desaparecieron en Sinaloa.
Estos datos se construyeron a partir de decenas de solicitudes de información a comisiones estatales de búsqueda y fiscalías locales que proporcionaron reportes de desaparición y carpetas de investigación en las que Sinaloa aparece como el último lugar donde las personas fueron vistas.
En esta investigación también se documentan los obstáculos que enfrentan las personas para buscar a sus familiares en otro estado. Colectivos de Sonora, Jalisco y Durango afirman que las carpetas de investigación pueden tardar hasta tres meses en transferirse entre fiscalías.