CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (EL UNIVERSAL).- Una vez aprobada la reforma al Poder Judicial (PJ) se haría una elección escalonada de ministros, magistrados y jueces, y en una primera etapa se abriría la convocatoria para alrededor de 200 vacantes, señaló el diputado Leonel Godoy (Morena), en el cuarto foro convocado por la Cámara de Diputados, realizado en la sede del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.
"No es cierto que el día que la reforma se apruebe y al otro día se vayan los jueces y magistrados y ministros, eso es falso, es un tema de discusión. ¿Cómo será? De entrada, se calcula que vamos a tener... va a haber 200 vacantes aproximadamente en los próximos meses. Este es un primer punto de la gradualidad que debería de revisarse", comentó.
Godoy ofrece revisar bien las comas
Dijo que "sí va a haber cambios, las comas se revisarán seriamente", y propuso debatir los requisitos de elegibilidad de los integrantes del Poder Judicial, analizar la gradualidad de la elección y los artículos transitorios de la reforma, para establecer cómo se va a aplicar.
"No queremos que ningún poder fáctico, del crimen organizado ni los delincuentes de cuello blanco influyan en la elección de jueces, magistrados y ministros", señaló.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, acusó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, no convocó al Poder Legislativo para analizar la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
"Escuché a la ministra presidenta exigir o plantear un diálogo al presidente de la República en funciones, al licenciado López Obrador, y a la presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, ella omitió dirigirse y convocar a quienes nos toca decidir, al legislador. El Poder Legislativo es el órgano reformador y es quien está facultado para deliberar y para, en su caso, aprobar la reforma judicial", dijo.
Monreal justifica reforma
Monreal justificó la elección popular de los integrantes del Poder Judicial, porque aseguró que éste se convirtió en una criptocracia o un "gobierno de jueces" que ha invadido el funcionamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
"La mejor vacuna contra la criptocracia es, precisamente, la elección popular de los jueces, magistrados y ministros, al compartir la misma fuente de legitimidad, el voto ciudadano, los tres poderes estarían homologados", expresó.
Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, señaló que la reforma es necesaria porque el artículo primero constitucional provoca una "práctica del control difuso".
"El artículo primero constitucional produce incertidumbre jurídica y afecta la gobernabilidad, defiende los derechos humanos, pero el artículo primero constitucional que ordena preservarlos y protegerlos a cualquier autoridad en México, no dice que fuera de los derechos humanos, no importe poco lo demás dec ese artículo primero constitucional. Difunde el control de una manera que está produciendo muchos conflictos en todas partes. Proponemos discutir que se vuelva a concentrar el control de la Constitución", expresó.
Planteó establecer que la Constitución sea la norma suprema, y que esté sobre cualquier otro orden jurídico nacional o internacional.
Celia Maya García, consejera de la Judicatura Federal, se manifestó en favor de la reforma al Poder Judicial, porque la presidencia de la SCJN ha concentrado un poder que afecta la operatividad del CJF: "Del Consejo de la Judicatura Federal, hay que decirlo, las estipulaciones normativas y los esquemas administrativos que fueron expedidos para regularlo, lo han ahogado, lo han colapsado, lo que han producido es un incremento del poder a un solo órgano, la presidencia de la Corte", detalló.
Por lo que manifestó estar de acuerdo con cambiar el marco jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF en la Constitución, porque "con ello no se lesiona, en modo alguno, ni la separación ni la independencia del Poder Judicial", reiteró.
"Es pertinente en el rediseño de la Corte, la creación de un órgano de administración judicial, separado de la Corte misma y de la presidencia de la misma, con plena autonomía. También es plausible y viable la figura de un tribunal de disciplina judicial, ya en la historia constitucional se contó con la figura del tribunal especial ciudadano para juzgar a los magistrados de los tribunales de los estados y a los ministros de la Suprema Corte, es un antecedente", expuso.
Jaime Cárdenas Gracia, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, propuso someter a referéndum algunos casos de la SCJN: "Las decisiones de los tribunales supremos de la Corte, por ejemplo, puedan ser sometidas, en algunos casos, cuando el pueblo lo demande, a referéndum, o pensar al menos en el instrumento que contiene la Carta de Derechos de Canadá, la sección 33 que establece cómo el Congreso, con una mayoría, en este caso el Parlamento canadiense, puede suspender o revocar decisiones de la Corte Suprema, son las cosas que debemos hacer", consideró.
*Artículo 1 constitucional produce incertidumbre jurídica y afecta la gobernabilidad, opina el diputado Juan Ramiro Robledo.