CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presión contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por su polémica reforma al Poder Judicial que, entre otros cambios, busca elegir a los magistrados mediante voto popular, creció el miércoles con la decisión de los jueces federales de unirse al paro de labores ya iniciado por otros trabajadores del sector y las advertencias de volatilidad en los mercados.
La principal sede del Poder Judicial Federal en Ciudad de México estaba el miércoles bloqueada por cientos de manifestantes y una enorme pancarta que decía "Juzgar no es un asunto de popularidad". Y en esa y otras oficinas se multiplicaban los gritos y las consignas que reclamaban "independencia judicial" o mensajes como "Congreso: la justicia no se vende".
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito indicó en un comunicado que los únicos tribunales no afectados por la suspensión de actividades son la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, inmerso ahora en la resolución de las quejas surgidas de la elecciones del mes de junio. En el resto de tribunales, los únicos casos que serán atendidos serán los considerados urgentes.
Según los convocantes, el paro continuará de manera indefinida hasta que no se paralice el actual proceso de reforma. Además, pidieron "reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada para enfrentar las causas estructurales que vienen debilitando sostenidamente la calidad de la justicia" en México.
Los cambios que pretende el gobierno permitirían, entre otras cosas, que prácticamente cualquier persona con un título en derecho y algunos años de experiencia como abogado pudiera ser elegido juez. Y dado que el partido oficialista Morena y sus socios lograron en junio una muy amplia mayoría, muchos académicos temen que los jueces tengan un sesgo político si son elegidos mediante la votación de la ciudadanía.
"Está el daño que se puede hacer a la sociedad porque el Poder Judicial es una institución que históricamente y por su naturaleza no debe ser politizada" , dijo Fernando Rangel, un juez de lo civil que sí considera que debe haber cambios para mejorar la justicia pero que cree los magistrados deben ser escuchados.
El presidente López Obrador, cuyo mandato acaba el 30 de septiembre, asegura que su propuesta ayudará a limpiar la corrupción en el sector y presentó esta iniciativa antes de las elecciones tras durísimas críticas a los magistrados a quienes considera parte de una "mafia" en su contra porque leyes que él promovió fueron paralizadas en las cortes.
Aunque la ganadora de los comicios, Claudia Sheinbaum, también de Morena, se mostró más abierta al diálogo y se abrieron foros de debate sobre el tema, tanto los jueces como muchos académicos y partidos opositores consideran que no se les ha escuchado y que la reforma debilitará al Poder Judicial porque podría dejar de funcionar como contrapeso del Ejecutivo.
El tema ha ocasionado volatilidad en los mercados desde las elecciones de junio y esta semana la consultora Morgan Stanley aconsejó precaución para invertir en México.
López Obrador mantuvo su tono sarcástico criticando el paro. "Si los jueces... no están en activo, cuando menos, no van a sacar a delincuentes de la cárcel", dijo el miércoles.
Sin embargo, la presidenta electa mandó un mensaje de calma.
"Los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación, por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia", indicó Sheinbaum. "Quien conoce el poder judicial, incluidos inversionistas saben los problemas de corrupción que hay ahí". A su juicio, los cambios fortalecerán el Estado de derecho.
Desde el lunes miles de empleados sindicalizados de los tribunales suspendieron sus labores porque, además, aseguran que la reforma pondría en riesgo sus condiciones laborales, prestaciones y salarios.
La reforma judicial forma parte de la batería de reformas constitucionales propuestas por López Obrador y apoyadas por Sheinbaum que, entre otros temas, también plantean eliminar organismos reguladores, como el de antimonopolio o el de transparencia.