CIUDAD DE MÉXICO, agosto 27 (EL UNIVERSAL).- Alrededor de mil 100 jueces y magistrados de Circuito solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ejerza sus atribuciones derivadas del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para evitar la reforma judicial.
Magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) señalaron que esta reforma apunta hacia un golpe de Estado enmascarado bajo un discurso democratizador que en realidad persigue la concentración total del poder, que anula los principios esenciales de la democracia misma como lo es el poder democrático limitado y limitable.
En conferencia de prensa, los magistrados Juan José Olvera López y José Manuel Torre externaron que ya se ha dado el primer paso en esa dirección y que las semanas de supuestos diálogos fueron sólo simulaciones que dieron lugar a un dictamen, agendado en la Cámara de Diputados y que incluso exacerba la intentona golpista y deja todavía más en claro que no hay, en lo absoluto, ninguna preocupación por mejorar la justicia en México.
Lo anterior, luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició ayer la discusión del proyecto de dictamen de la reforma del PJF, la cual plantea que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular, entre otros puntos.
El documento que fue entregado a la CIDH, refiere que al activar este mecanismo del artículo 41 Convencional, no los mueve un ánimo litigioso de defensa de derechos individuales o de incidencia colectiva.
"Nos mueve el cumplimiento de nuestro deber como Poder Judicial, de defender los derechos humanos y la democracia que los hace posibles y por ello comparecemos ante la CIDH para pedirle que active, hasta el máximo de sus posibilidades, "las muy diversas competencias y atribuciones que los propios Estados miembros de la OEA le han asignado, para evitar que en México se consume la grave ruptura del orden democrático que estamos documentando en este escrito y muy específicamente para evitar el desmonte de los órganos de control al poder, así como de garantía efectiva de los derechos humanos", argumenta el texto.