Este miércoles 14 de agosto, la Corte de Distrito en Boston, Massachusetts, celebró una audiencia para analizar etapas siguientes en la demanda presentada por el Gobierno de México contra empresas manufactureras de armas que entran a nuestro país.
Esto, luego de que el pasado 7 de agosto el juez Dennis Saylor determinó que no se podía juzgar a seis de las empresas demandadas, pese a que realizan actividades comerciales en Massachusetts y que sus productos terminan en México.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el juez consideró, sin analizar mayor evidencia, que no pueden ser juzgadas en ese estado.
"Esa decisión no absuelve de responsabilidad a las seis empresas por los daños ocasionados a nuestro país.
"Cabe resaltar que se trata del mismo juez que, en septiembre de 2022, determinó que las demandadas gozaban de inmunidad y que no podían ser llevadas ante un tribunal", dijo la SRE a cargo de Alicia Bárcena.
México apeló y logró revertir esta decisión en enero de este año, siendo el primer gobierno extranjero que supera esta inmunidad.
"Las empresas demandadas solicitaron a la Suprema Corte de ese país revisar la decisión, pero, hasta la fecha, el caso no se ha admitido a estudio", puntualizó la Cancillería.
En la audiencia de hoy, México destacó que sigue analizando las alternativas legales a seguir, además que se pronunció a favor de que el juicio prosiga su curso contra las dos empresas sobre las cuales continúa la demanda: Smith & Wesson Brands, Inc, cuyas armas constituyen el mayor número aseguradas en México, y Witmer Public Safety Group, Inc, distribuidora de armas en ese país.
Dado que el máximo tribunal estadounidense podría resolver en septiembre próximo si estudiará el caso, la Corte de Distrito fijó la siguiente audiencia para el 2 de octubre de 2024.
Relaciones Exteriores destacó que las demandas que ha presentado México han recibido reconocimiento internacional y son consideradas "un parteaguas" en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia que se vive en nuestro país y en la región.
El Gobierno de México indicó que continuará con todas las acciones legales a su alcance para que las empresas fabricantes de armas rindan cuentas por el grave daño que causan a la población mexicana.