Un informe reciente revela que solo el 35% de las escuelas públicas de educación básica en México dispone de computadoras e internet, lo que deja a 13.1 millones de niñas, niños y adolescentes sin acceso a dispositivos digitales para realizar sus tareas escolares. Para muchos de ellos, el teléfono celular se ha convertido en su única herramienta tecnológica, representando el 56.3% del total de usuarios de dispositivos entre los seis y diecisiete años. A pesar de estas circunstancias, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha decidido implementar restricciones en el uso de dispositivos personales durante la jornada escolar, sin establecer métricas para evaluar el impacto de esta medida en el aprendizaje de los estudiantes.
Esta regulación, que será efectiva a partir del 3 de noviembre, no toma en cuenta las diferencias en el uso de celulares a lo largo de los niveles educativos. Por ejemplo, se ha observado que el 84.1% de los estudiantes de secundaria lleva su propio teléfono, mientras que solo el 24.8% lo hace en primaria y un 4.6% en preescolar. Sin embargo, 94.7% de los educadores consultados se mostró a favor de que existieran reglas diferenciadas de acuerdo a la edad y nivel escolar.
El estudio titulado 'Restringir sin prohibir. La regulación de dispositivos digitales en las escuelas y su implementación', desarrollado por México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey, señala que una regulación más estricta puede intensificar la brecha digital, afectando especialmente a los estudiantes de familias de bajos recursos. En estos hogares, el 73.1% depende exclusivamente de sus teléfonos celulares, en comparación con el 11.2% de los hogares en estratos económicos altos, evidenciando una discrepancia significativa de 61.9 puntos porcentuales.
Este nuevo acuerdo se presenta sin una política clara de alfabetización digital y carece de mecanismos para asegurar su cumplimiento, así como de indicadores para ver si la reducción del uso de dispositivos contribuye a una mejoría en el rendimiento académico. En una consulta nacional realizada en agosto de 2026, de la que participaron más de 565 mil figuras educativas, se recogieron percepciones y experiencias solamente del personal escolar, excluyendo a estudiantes y familias, lo que limita la comprensión del impacto real de los dispositivos en el aprendizaje.
El informe también arroja luz sobre los riesgos que enfrenta la convivencia escolar, al señalar que un 38.7% de los educadores reportó conflictos comenzados en redes sociales que se trasladan a los planteles educativos. Además, un 33.2% mencionó la difusión de contenido no autorizado como un problema recurrente. A pesar del amplio respaldo a establecer límites en el uso de tecnologías digitales, más de la mitad de los encuestados se opuso a una prohibición total durante la jornada escolar.
El estudio evidencia que, si bien se reconocen preocupaciones sobre el uso de dispositivos, simplemente restringir su uso sin considerar alternativas tecnológicas y la formación en su manejo podría agravar desigualdades educativas. De acuerdo con la ley vigente, las tecnologías digitales deben usarse para mejorar el aprendizaje, un objetivo que el actual acuerdo podría comprometido si no se implementan medidas que permitan su adecuado uso en entornos escolares.