Rosario Robles, extitular de la Sedesol y vinculada a proceso por el ejercicio indebido del servicio público, exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador un juicio justo y aseguró que se ha enfrentado a una ofensiva por parte de su gobierno y preguntó "¿por qué esa saña?".
A través de una carta de puño y letra que leyó su hija Mariana Moguel afuera de la cárcel de Santa Martha Acatitla, donde permanece desde hace un mes, la extitular de la Sedatu señaló que es "rehén" y que se la ha violado su presunción de inocencia y el debido proceso.
"Presidente López Obrador: Lo único que exijo es un juicio justo. En lugar de eso me enfrento a una ofensiva por parte de funcionarios de su gobierno. ¿Por qué esa saña? Yo mismo he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar mi inocencia, pero al igual que todos los que hoy se defienden deber a estas falsas acusaciones, yo también tengo derecho a hacerlo en libertad".
La exfuncionaria federal indicó que tiene derecho al debido proceso y manifestó que "los derechos humanos son universales y que en México muchos hemos luchado porque se respeten".
"Le pregunto, ¿acaso no tengo el mundo derecho que una ciudadana francesa al debido proceso, sobre todo, tratándose de mi país? ¿Tienen más derechos los vinculados al caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 jóvenes?"
Afirmó que seguirá luchando "contra esta injusticia y persecución" de la que afirmó ser objeto.
"A la venganza hay que enfréntala con entereza y pruebas. Así lo haré porque sin derechos humanos y el debido proceso no puede haber justicia", agregó.
Señaló que a más de un mes de estar en la cárcel "han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme de rehén violando mi presunción de inocencia y el debido proceso. Nunca se tomó en cuenta que me presenté voluntariamente al citatorio judicial, aún cuando muchos amigos y familiares me aconsejaron que no hiciera porque seguramente se trataba de una trampa. Lo fue".
"Para mí es una confabulación en la que instituciones del Estado mexicano han violentado le legalidad, porque a pesar de todos sus instintos, lo han podido demostrar que tenga un pesos que no sea producto de mi trabajo".
Al referirse a la inhabilitación de 10 años por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por haber mentido en su declaración patrimonial, Rosario Robles indicó que se trata de dos cuentas: una de ellas es una préstamo bancario de 180 mil pesos que obtuvo en 2012 y que afirma que si estaba en su declaración patrimonial.
La otra cuenta apuntó es de nómina que se abrió en 2007 por 2 mil 800 pesos, pero que "nunca tuvo movimiento por lo que como el propio banco lo ínfimo a la SFP tuvo que cancelar por la falta permanente de actividad".
"¿Qué sigue para mantenerme aquí recluida además de buscar pretextos para diferir audiencias como la del viernes pasado en la que se presentarían alegatos sobre la medida cautelar? ¿Acusarme de lavado de dinero o de delincuencia organizada con su gran hallazgo de una cuenta en ceros sin ningún movimiento a lo largo de los años?"
Criticó que en el actual gobierno no hay problema que un funcionario del gabinete actual no declarará propiedades por millones de pesos, "ahí si hay justificación. Para los amigos gracia. Es evidente", señaló.
Rosario Robles permanece recluida en el penal de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto debido a que el juez de control Jesús Delgadillo Padierna le impuso la medida de prisión preventiva justificada porque consideró que existe riesgo de que se dé a la fuga.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Robles Berlanga de este delito porque asegura que durante su administración al frente de Sedesol y de la Sedatu tuvo conocimiento del desvío de más de 5 mil millones de pesos y no hizo nada para evitarlo ni lo informó al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Hay una venganza política en su contra: Abogado
Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles Berlanga, aseguró que el encarcelamiento de su representada en el penal de Santa Martha Acatitla, el congelamiento de sus cuentas bancarias, y su reciente inhabilitación del servicio público por 10 años, es parte de una venganza política en contra de la extitular de la Sedesol, quien está vinculada a proceso por el ejercicio indebido del servicio público por el caso de la "Estafa Maestra".
En entrevista con medios y a pregunta expresa de que si el caso de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México se trataba de una revancha por parte de la presente administración federal, el litigante indicó que hay una "confabulación" en la que se busca tener a Robles Berlanga privada de su libertad el mayor tiempo posible en prisión.
"No sé si es una revancha, pero es una venganza lo que estamos viendo; es una venganza de carácter político en donde ya hemos visto que se suman actores, que eso es lo preocupante y eso lo que nos da esta idea de confabulación, este efecto corruptor, en donde (hay) una violación tras otra violación concatenadas entre sí con la única intención de mantenerla privada ilegalmente de su libertad, sometida a este encarcelamiento arbitrario y prolongarlo lo más posible", dijo.
Ante la inhabilitación del servicio público de 10 años por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) hacía Rosario Robles por haber mentido en su declaración patrimonial, Hernández Barros calificó como ésta como "ilegal" e "irrisoria", y afirmó que es posible revertirla, por lo que el primer paso será presentar un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). "Esta resolución no solamente es ilegal, sino además, prácticamente es irrisoria. A ella se le acusa por no haber declarado una cuenta que ella misma manifiesta no tenía conocimiento de su existencia, que desde su creación hace más de 10 años no tuvo ningún movimiento, no tuvo un deposito o un retiro y finalmente el propio banco se quedó con esa cuenta en su cuenta concentradora por no haber movimientos y era una cuenta que tenía 2 mil 800 pesos", refirió.
Además, Julio Hernández Barros informó que acudió ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) para solicitar copias certificadas, tanto de la licencia de conducir que tramitó Rosario Robles, y la que presentó el Ministerio Público Federal, que acusa de ser falsa, y en la que se basó el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, para imponer la prisión preventiva de su representada.
"Vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) o ante el gobierno de la Ciudad de México, por ser un documento local, y el que supongo que fue una propia creación del MP días antes de celebrarse la audiencia (porque) como no tenía ninguna prueba que acreditara que (Rosario Robles) se podía sustraer de la justicia y ante el hecho de que ella se presentara pacíficamente y voluntariamente a ambas audiencias, me imagino que la FGR con la idea de mantenerla en esta prisión indebida e ilegal, provocó la creación de este documento con un domicilio distinto para justificar esta situación totalmente anómala, ilegal, inconstitucional y violatoria de sus derechos", dijo.