CHIHUAHUA, México.- Una vez que “El Chueco” bajó el arma y la sangre hizo un charco bajo el altar, el sacerdote Jesús Reyes se volvió al asesino de sus dos hermanos jesuitas: “por favor, no te los lleves, déjanos darles sepultura”.
“Yo ya sentía que las balas atravesaban mi cuerpo”, contó desde el mismo templo en el que el estruendo de los tiros le hizo perder un oído.
A casi dos años de los asesinatos de los padres Javier Campos, de 79 años, y Joaquín Mora, de 80, los retratos de sus compañeros acompañan las misas, bautizos y bodas que aún oficia en Cerocahui, un pueblo de un millar de personas abrazadas por Sierra Tarahumara al noroeste mexicano.
El religioso no tiene claro por qué José Portillo Gil, alias “El Chueco”, no lo mató, pero sí sabe por qué ordenó a sus sicarios arrastrar los cadáveres hasta los vehículos que los transportaron a un cerro adonde los abandonaron días después.
Sin cuerpo no hay delito, sugirió el narcotraficante vinculado al Cártel de Sinaloa antes de decirle —como si fuera cualquier domingo de misa— “padre, me quiero confesar”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha sacudido las críticas a sus estrategias de seguridad como si fueran un insecto que le zumba en el hombro, pero víctimas, organizaciones de derechos humanos y líderes religiosos han plantado cara insistiendo en que la violencia sigue quebrando a comunidades que se sienten ignoradas por el Estado.
“Javier y Joaquín prendieron los reflectores, pero ya es momento de ampliarlos”, dijo el también jesuita Javier Ávila desde Creel, una localidad cercana a Cerocahui.