San Luis Potosí, aparentemente fue parte toral de la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible ilegal y relacionado a la empresa en la que se involucra al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel.
Así lo explica este lunes la Fiscalía General de la República (FGR) en un boletín informativo en el que descarta que la investigación sobre la más grande red de contrabando de hidrocarburos tenga tintes políticos.
De acuerdo con el comunicado, las investigaciones sobre el contrabando realizado por vías férreas, habría generado un perjuicio a la hacienda pública estimado en más de cuatro mil millones de pesos.
La FGR recordó que la investigación tuvo origen en el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila.
Este lunes, la FGR señaló que “como resultado, se practicaron inspecciones en campo, toma de muestras y dictámenes periciales para determinar el contenido de los ferrotanques, así como la implementación de medidas de seguridad y preservación de indicios. Lejos de limitarse a la revisión de los ferrotanques localizados, la investigación se amplió hacia el análisis de la cadena logística completa del producto”.
Como resultado de estas diligencias -dice el texto- se identificaron “otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, que presentaban las mismas características de importación irregular, al haberse declarado únicamente el 10 por ciento de lo que realmente contenían, permitiéndose reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible”.
Desde el año pasado, se señalaba que, en San Luis Potosí, un operativo tuvo lugar en el patio ferroviario de una empresa ubicada en el municipio de Vanegas y que otros cuatro operativos ocurrieron en Coahuila y Tamaulipas.
Este lunes, la FGR explicó que lo que inicialmente parecía ser un hallazgo aislado, evolucionó hacia la identificación de una operación logística de mayor dimensión, con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en diversas entidades federativas.
“El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la importadora principal, una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México. Inicialmente, la empresa fue constituida por José “N” y dos personas morales.
“La evolución corporativa de la empresa resultó particularmente relevante para la investigación. Dos meses después de su constitución, en una asamblea celebrada en octubre de 2018, Ernesto “N” inició su participación dentro de la estructura societaria, mediante su incorporación al capital variable de la empresa, fortaleciéndose su presencia dentro de la organización corporativa.
“De acuerdo con la investigación, para 2021, ya figuraba como accionista y fue designado Secretario del Consejo de Administración, participando junto con José “N” en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.