Después de darse a conocer la agresión física en contra de Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por parte de una activista, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, dijo que, si se comprueba el agravio, es necesario aplicar sanciones.
Luego de ser acusada de cometer tales acciones hacia la funcionaria estatal, María de Jesús Almendárez Prieto, también conocida como Marichuy, víctima y activista, negó haberla agredido y sostuvo que cuenta con pruebas para validar su afirmación.
Torres Sánchez remarcó que no se puede ocultar un hecho violento bajo la excusa de llevar a cabo acciones en favor de la defensa de los derechos humanos. "Eso no existe, tiene límites", advirtió.
Declaró que, si bien algunas personas han encontrado un "negocio" al momento de asumirse como víctimas o defensores en la materia, el Gobierno del Estado debe ser cuidadoso porque existen quienes lo realizan de forma genuina.