Ciudad de México.- En México, el éxodo de desplazados por la violencia suma casi 400 mil personas en los últimos 15 años, pero con un mayor énfasis en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como consecuencia de la política de abrazos y no balazos, todo ello ante la pasividad del Congreso de la Unión que no ha aprobado una ley de protección a esta población.
De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC) un total de 8 mil 659 fueron las personas desplazadas como consecuencia de los conflictos hasta junio de 2024 y existe una cifra estimada de 392 mil de 2008 a 2023.
El inicio de la llamada guerra contra el narco en 2012 fue el detonante de este éxodo.
Pero desde hace más de cuatro años el Senado recibió la minuta avalada por la Cámara de Diputados que expide una Ley Para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
En un informe, el Instituto Belisario Domínguez del Senado ha criticado la falta en el Congreso de la Unión al omitir el tema a pesar del aumento exponencial de desplazados por la violencia.
“A pesar del reconocimiento y la gravedad del problema del desplazamiento forzado interno en México, aún no se tiene una política nacional que atienda de forma integral a las víctimas y tampoco se cuenta con una ley en la materia”, expuso un estudio legislativo.
Emiliano Díaz Carnero, investigador del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Ciudad Juárez, expone que en el desplazamiento destacan los resultados de la Encuesta a Mexicanos Desplazados Internos Solicitantes de Asilo (2022), en Ciudad Juárez.
Expuso que el desplazamiento interno se detonó a raíz de la llamada “guerra contra el narcotráfico en 2012” y los motivos de ese éxodo forzado son: desaparición u homicidios de un familiar, presencia del crimen organizado, inseguridad y amenazas de extorsión.
De acuerdo con la citada encuesta realizada por investigadores del Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los desplazados en 2022 se encontraban acampando en las calles, cerca de los puentes internacionales y albergues.
El investigador agrega que 61% de las familias que huyeron fue por amenazas o extorsiones; 48% nos decía que por inseguridad o robo; 35% por presencia del crimen organizado en su comunidad; 30% que había sido por una desaparición u homicidio de un familiar, y 26% nos hablaba de reclutamiento forzado de niños, adolescentes y mujeres.