Ciudad de México.- Al término de la 65 Legislatura, los líderes de todos los grupos parlamentarios se autoaprobaron recursos adicionales por más de 31 millones de pesos, como “bono” por la conclusión de los trabajos legislativos.
El acuerdo, aprobado por el Comité de Administración de la Cámara de Diputados el 21 de junio, destaca en medio de la polémica por presuntos malos manejos de recursos en el Congreso, toda vez que en el oficio, en poder de El Universal, no se detalla el destino que tendría el dinero y sólo se advierte que sería utilizado para “gastos extraordinarios” e “imprevistos”.
“Que con motivo de la conclusión de la 65 Legislatura, los diputados integrantes de los grupos parlamentarios incurren en diversos gastos extraordinarios asociados a la administración de las oficinas de enlace legislativo, así como otros de carácter imprevisto relacionados con las gestiones que se presentan y acumulan significativamente al cierre de su gestión como legisladores”, se argumenta en el denominado Acuerdo por el que se autorizan recursos a grupos parlamentarios relacionados con la conclusión de la 65 Legislatura.
En total, los coordinadores parlamentarios de la Legislatura pasada se repartieron 31 millones 936 mil 826 pesos.
En el acuerdo también se señaló que el apoyo se entregaría a cada grupo parlamentario en atención a la suscripción de dicho documento, por lo que la ausencia del representante de algún partido implicaría la renuncia expresa de los recursos.
Sin embargo, ese 21 de junio, los representantes de los siete grupos parlamentarios del Comité de Administración estuvieron presentes y firmaron el acuerdo. Por parte de Morena firmó el entonces diputado Armando Contreras Castillo, quien presidía dicho comité; por el PAN rubricó el entonces diputado Armando Tejeda Cid; del PRI fue el propio Rubén Moreira quien signó el acuerdo; en representación del PVEM estuvo Carlos Puente; del PT estuvo Alberto Anaya; de MC estuvo Sergio Barrera y por parte del PRD firmó el acuerdo la entonces diputada federal Elizabeth Pérez Valdez.
A la fecha se desconoce el uso de esos recursos, por lo que el acuerdo se suma a la polémica por falta de transparencia en el manejo de los recursos en San Lázaro y el Senado.