Culiacán, Sin.- Sinaloa vivió ayer una jornada de violencia, un nuevo jueves negro desatado por la captura, esta vez exitosa, de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Por la noche el gobernador Rubén Rocha reportó que el saldo es de seis muertos (cinco militares y un elemento estatal), ocho civiles heridos y 21 policías estatales lesionados, así como 250 vehículos quemados.
Alrededor de las 4:00 horas en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, inició la operación para capturar a Guzmán López, que se desplegó con el mayor sigilo, con grupos de élite del Ejército y el respaldo de helicópteros artillados. Sin embargo, tras la detención de Ovidio la violencia se desató en la ciudad y se extendió por varias partes del estado.
Se reportaron enfrentamientos en torno a la Zona Militar número 9, el Aeropuerto Internacional de Culiacán y en el municipio de Escuinapa, donde murió un oficial militar.
Los bloqueos se multiplicaron en la ciudad y se paralizaron todas las actividades escolares, laborales y comerciales.
Los accesos hacia y desde la capital se bloquearon, y se suspendieron el transporte público, las corridas de autobuses y las actividades de los aeropuertos de Culiacán y de Mazatlán.
Durante todo el día las calles permanecieron desoladas. Muy poca gente se arriesgó a salir. Se tiene reporte de varios periodistas que salieron a trabajar y fueron detenidos por hombres armados que los despojaron de sus autos y prendieron fuego a uno de los vehículos. Seis reporteros fueron amenazados y encañonados en las calles y a dos más les quitaron sus computadoras, bajo la advertencia de no informar lo que ocurría.
En el centro penitenciario de Culiacán, el Ejército y la Policía Estatal Preventiva reforzaron la seguridad ante conatos de violencia e intentos de evasión masiva, como sucedió el 19 de octubre del año 2019, en el llamado “Culiacanazo”, cuando el Ejército detuvo y se vio obligado a liberar a Ovidio Guzmán López en un operativo fallido que desató la violencia.
Los actos de violencia se extendieron a carreteras federales, estatales y concesionadas en siete municipios, en donde grupos armados despojaron a conductores de camiones de carga, que incendiaron y colocaron como barricadas.