Recientemente, el Senado de la República retiró de su sitio web una década de información relacionada con la gestión de recursos públicos, específicamente del periodo 2014-2024, incluyendo datos sobre el uso de 10 mil 200 millones de pesos. La organización Artículo 19 ha denunciado este hecho, señalando que la Cámara alta incumple así sus obligaciones legales en materia de transparencia.
De acuerdo con un comunicado emitido por la ONG, la información fue eliminada la semana pasada y reemplazada por un aviso que dirige a los ciudadanos a consultar la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). El Senado argumentó que esta medida se enmarca dentro del artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo, Artículo 19 ha indicado que esta disposición solo exige enlazar la PNT y no eliminar documentos ya disponibles al público.
La información retirada abarcaba el ejercicio presupuestal del Senado durante diez años, lo que dificulta la consulta directa sobre gastos legislativos y el detalle de los recursos públicos. Además, se informó que el Senado ya había dejado de publicar datos desglosados de los ejercicios fiscales de 2025 y 2026, que incluyan información sobre contratos de licitaciones públicas, adquisiciones, inversiones y gastos. Esta falta de publicación limita la posibilidad de comparar el ejercicio presupuestal entre diferentes años, dificulta la identificación de posibles irregularidades y obstaculiza el análisis de la gestión de recursos.
La organización enfatiza que las normas de transparencia exigen a las instituciones actualizar su información trimestralmente y conservar registros relacionados con salarios y subsidios durante el ejercicio fiscal vigente y los dos años previos, como mínimo. En casos donde un documento contiene información reservada, se deben generar versiones públicas en lugar de eliminarlo por completo. Artículo 19 también subraya que la antigüedad de los documentos no justifica su eliminación, dado que la información histórica es crucial para la supervisión del presupuesto y la rendición de cuentas.
Este retiro de información se suma a una serie de prácticas opacas que han sido documentadas recientemente, tales como la filtración de datos personales de aquellos que solicitan información y el aumento de respuestas incompletas ante solicitudes ciudadanas. Artículo 19 ha cuestionado los efectos de la reforma de transparencia de 2025, que disolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo autónomo encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información.
En el caso del Senado, las quejas sobre la falta de transparencia serían atendidas por una autoridad que forma parte de la misma institución. Asimismo, se hacen eco de las recomendaciones de estándares internacionales que sugieren la existencia de órganos autónomos para asegurar el acceso a la información y supervisar a las autoridades.
Ante la eliminación de estos registros, Artículo 19 ha instado a Transparencia para el Pueblo a aplicar las sanciones pertinentes establecidas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia. La organización insiste en que no se debe retirar información por considerarla antigua, ya que la temporalidad de los datos no debe condicionar su acceso. El derecho a la información pública, concluye, es esencial para la supervisión y fiscalización del gasto gubernamental.