La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes que ella y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, levantaron la voz durante una reunión privada en Ciudad Juárez, en la que discutieron sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico y las responsabilidades por su presencia en México.
El encuentro ocurrió el 19 de septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez. La mandataria abordó el episodio después de que Campos revelara detalles de la conversación en una entrevista con Latinus, donde describió una reunión tensa y con reproches.
Según el relato de Sheinbaum, la gobernadora inició el diálogo reclamándole que la hubiera acusado de traición a la patria. La presidenta negó haber formulado un señalamiento personal y sostuvo que su exigencia fue investigar la actuación de agentes extranjeros sin autorización federal.
"Levantamos la voz en algún momento, sí, las dos", reconoció durante su conferencia matutina.
La presidenta aseguró que Campos le dijo que desconocía la presencia de los estadounidenses y atribuyó la responsabilidad al entonces fiscal estatal, César Jáuregui Moreno. También afirmó que la gobernadora le comunicó sospechas de corrupción relacionadas con el exfuncionario, entre ellas la presunta propiedad de casinos.
De acuerdo con esa versión, Sheinbaum le pidió presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. Los señalamientos sobre esos negocios son parte del relato de la presidenta acerca de la conversación y no constituyen, por sí mismos, hechos acreditados.
El accidente que destapó la operación
El conflicto se originó el 19 de abril, cuando dos agentes estadounidenses y dos funcionarios estatales murieron al caer su vehículo a un barranco, después de un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en la Sierra Tarahumara.
La presencia de los estadounidenses, identificados en reportes periodísticos como integrantes de la CIA, abrió una disputa entre el Gobierno federal y la administración de Chihuahua. La Federación sostuvo que no había autorizado su participación en actividades operativas de seguridad. Jáuregui renunció posteriormente a la Fiscalía estatal.
El punto central de la controversia es quién permitió esa colaboración y qué conocimiento tenían las autoridades estatales. El Gobierno federal ha defendido el intercambio de inteligencia con Estados Unidos, pero rechaza la participación directa de sus agentes en operativos sin autorización.
Jáuregui enfrenta dos causas distintas
La discusión entre ambas mandatarias volvió a hacerse pública mientras avanzan los procedimientos contra el exfiscal. El 22 de octubre, Jáuregui fue vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público en una causa estatal.
Ese expediente es independiente de la acusación federal por presunta traición a la patria, relacionada con la intervención de agentes extranjeros. La vinculación a proceso estatal no equivale a una sentencia condenatoria ni resuelve la imputación federal.
Jáuregui ha negado haber autorizado la participación de los estadounidenses y sostiene que no existen pruebas que lo relacionen con esa decisión. Su defensa también ha señalado un posible trasfondo político en las investigaciones.