CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que las renuncias de los ministros sólo procederán por causas graves y serán aprobadas por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Se añade, en caso de que la falta de un ministro exceda un mes sin licencia o dicha falta se deba a defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en el número de votos en la elección para el cargo, siguiendo el orden de prelación en orden descendiente.
En caso de fallecimiento durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su cónyuge e hijos menores o que tengan alguna discapacidad para trabajar para su subsistencia tendrán derecho a una pensión equivalente a 50% de la remuneración mensual que corresponda a los ministros. El o la cónyuge dejará de tener derecho a este beneficio al contraer matrimonio o al entrar en concubinato, y los hijos al cumplir la mayoría de edad.
Se puntualiza que lo anterior no será aplicable a ministros en funciones a la entrada en vigor de este decreto, cuyo nombramiento original concluya antes de la fecha de cierre de la convocatoria respectiva, en cuyo caso se ajustarán a los términos de este decreto.
Asimismo, los ministros no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.
Se puntualiza que la Suprema Corte conocerá de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política. La admisión de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales no dará lugar en ningún caso a la suspensión de la norma cuestionada.
"La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación".
En el proyecto se plantea que habrá "inspectores judiciales", quienes se encargarán de "evaluar y seguir del desempeño" de los juzgadores federales.
También envió la iniciativa que expide la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.