Ciudad de México.- La madrugada del 20 de febrero de 2019, tres hombres parquearon su auto frente al hogar familiar de Samir Flores en Amilcingo, Morelos. Le llamaron a gritos, desde la entrada de terracería, fuera de la luz de la puerta principal. Dijeron querer un anuncio en la radio comunitaria que había fundado. Samir salió, lo agarraron y arrastraron hacia lo oscuro. Sonaron tres disparos. Dos impactaron en su cabeza. Un año después de su ejecución, no hay un solo detenido.
El asesinato de Samir es paradigma de los al menos 32 homicidios de activistas en México a lo largo de 2019. De acuerdo con un análisis de las noticias publicadas, en 27 fueron a balazos y sólo en 12 de las muertes, 30% del total, hay detenidos. Y eso que Samir Flores se convirtió en un símbolo tras su muerte y cuenta con el acompañamiento del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
En el análisis de las causas que defendían los activistas, se puede observar que 12 se dedicaban al tema de derechos humanos y medio ambiente, 11 a los derechos humanos y territorio, cinco exclusivamente a los derechos humanos, una al urbanismo y tres a los derechos LGBT. En estos tres últimos casos se sospecha que pueden ser crímenes de odio.
Peña compara el caso de Samir con otro que acompañan: la desaparición del defensor Sergio Rivera, en la sierra de Puebla en 2018. Este hombre se oponía a una presa hidroeléctrica. Hay tres personas detenidas, que son de la misma comunidad, pero del grupo a favor de la obra.
“Lo que hacen las empresas es ir y dividir a las comunidades con inversiones, y eso genera grupos dentro que acaban llevando las cosas a nivel personal”, y reflexiona, “todo tiene que ver con intereses globales pero que se acaban circunscribiendo a lo local”.