Ciudad de México.- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, señaló que las autoridades, los gobernantes y los ciudadanos deben cumplir las leyes, pues con ello se preserva el respeto a la democracia, al Estado de derecho y a la división de poderes, ya que son elementos básicos para un Estado constitucional.
“Como autoridades y como gobernados, como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las leyes. La conservación y el respeto a la democracia, al Estado de derecho, a la división de poderes, a la colaboración entre ellos, a la independencia judicial y a los derechos fundamentales son los elementos básicos de un Estado constitucional”, dijo.
En la inauguración del 16 Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Constitucionalismo para la Democracia del Siglo XXI. Homenaje a la Constitución federal de 1824, que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Norma Piña aseguró que el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón.
Externó que el país atraviesa momentos muy delicados y difíciles, ya que en las últimas semanas ha sido testigo de un amplio y diverso abanico de pronunciamientos, tanto a nivel nacional como internacional, en torno a las implicaciones y repercusiones de la reforma judicial.
Destacó que la sociedad mexicana está perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos, ante la politización de la justicia.
“Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afectan a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país”.
Enfatizó que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación han hecho un llamado a la comunidad nacional e internacional sobre los alcances de la reforma. Hizo hincapié también en que uno de los fines de un Poder Judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar esos derechos.
La democracia constitucional implica, por tanto, no sólo una mera gobernabilidad, sino una gobernabilidad democrática entendida como el gobierno de una comunidad plural de ciudadanos en libertad. Recalcó que un gobierno debe ser de mayorías y minorías, donde se escucha a todos.