Ciudad de México.- Responsables de estancias infantiles de 22 entidades han solicitado al Poder Judicial más de mil 900 amparos contra el recorte presupuestal de los centros de atención para menores de edad y el cambio en las reglas de operación a las que están sujetos.
Aunque en ningún caso se ha dictado sentencia definitiva, en varios se ha concedido la suspensión provisional tanto para la publicación de lineamientos como para la entrega de los recursos monetarios.
La entidad donde más amparos han sido tramitados es Veracruz, con 194 demandas; le sigue el Estado de México, con 192, y la Ciudad de México, con 133. En estos tres estados se concentra 24% del total de infantes que son atendidos en las 9 mil estancias infantiles del país.
Tan sólo en el Estado de México se tiene el registro de mil 169 guarderías que tienen bajo su cuidado a 38 mil 854 menores de edad. Cada una atiende, en promedio, a 34 niños. En Veracruz hay 613 establecimientos de este tipo, ahí se hacen cargo de 23 mil 662 infantes. En tres de cada 10 cuidan a más de 50 niños.
La Ciudad de México es la tercera entidad con más estancias: 503 en total. En estos centros se tiene el registro de 16 mil 894 infantes. En 28 de estos lugares se atendían, en cada uno, hasta diciembre de 2018, a 60 niños, según datos entregados vía transparencia por la Secretaría de Bienestar.
Lía Limón, fundadora del Programa de Estancias Infantiles, no descartó la posibilidad de que en los próximos días incremente el número de amparos en el país.
“La gente está defendiendo su derecho, porque la decisión de cancelar el programa afecta el interés superior de la niñez, el principio de equidad de género, el derecho a un trabajo digno y es un caso de discriminación, porque se está castigando a la política pública que va enfocada a las poblaciones más vulnerables”, resaltó.
Con relación a las acusaciones de casos de corrupción, principal razón por la que el gobierno decidió modificar el modo de operar, la defensora de DH señaló que hasta el momento no ha sido exhibida ninguna prueba de ello, pero que de existir se debe sancionar.