Ciudad de México.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión busca el reforzamiento del combate a este delito, armonizar en todos los estados la legislación para perseguirlo de oficio, así como la creación de áreas especializadas en las fiscalías, y en donde existan, lograr su fortalecimiento.
En Palacio Nacional, en la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum y a la cual acudieron todas y todos los gobernadores, García Harfuch indicó que también se buscará el fortalecimiento de la operación del número 089, así como un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito.
Destacó que desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión se han recibido más de 102 mil 800 llamadas de denuncias y se ha detenido a más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados.
“Somos conscientes de que uno de los delitos que más preocupa a la población y a los sectores productivos es la extorsión.
“Es por ello que hoy presentamos ante este consejo el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales”, señaló el funcionario.
García Harfuch señaló que con el acuerdo se dará una mayor certidumbre a las víctimas y se consolidará un enfoque nacional que permita a todas las entidades federativas actuar con criterios uniformes y herramientas equivalentes.
En el Salón Tesorería, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que se aprobaron —con 39 votos a favor en unanimidad— los 11 acuerdos para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad: entre ellos, el 01/LII/25, en que el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye a las y los gobernadores a presentar ante sus congresos locales las iniciativas de reforma legislativa para armonizar sus marcos jurídicos con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión e informar al Secretariado a más tardar el último día hábil de enero de 2026.