CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que adquirió nueve camionetas tipo Jeep, debido a que las unidades que usaban las ministras y ministros ya no cumplían con las medidas para garantizar su seguridad e integridad personal ante la alta responsabilidad que desempeñan.
El columnista de esta casa editorial, Salvador García Soto, difundió la adquisición de los vehículos en redes sociales, en el que señala que el valor de este tipo de camionetas asciende a 1.7 millones de pesos.
Ante las críticas suscitadas este jueves en redes sociales por esta compra, la institución aseguró que la renovación de la flotilla se llevó a cabo conforme a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual, subrayó, establece que cada cuatro años debe cambiarse estos vehículos blindados por motivos de seguridad y por el servicio que prestan.
"Dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.
Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido", expuso en un comunicado.
Asimismo, argumentó que la renovación "contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales".
Agregó que, con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, la Corte dicha adquisición se realizó de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido.
"Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional".