CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por unanimidad un proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, el cual limita el poder de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, para autorizar obras públicas de "gran impacto" sin necesidad de consultar a los municipios.
El ministro aseguró que se invade la esfera de competencias del estado, debido a que se aprobó el decreto estatal por el que se reforma la Ley de Obras Públicas de Campeche, especialmente, con la creación de la categoría de "obra pública de interés estatal de gran impacto".
Señaló que estas normativas eliminaban la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, trasladando la decisión exclusivamente a la gobernadora de Campeche.
"Así, se despoja al municipio de una facultad que la Constitución le reconoce para la protección de la seguridad, el desarrollo urbano y el interés local", argumentó el ministro Espinosa en sesión de este martes.
Afirmó que el Congreso de Campeche transfirió, indebidamente, la ejecución de obras públicas de interés estatal de gran impacto al Poder Ejecutivo Estatal, impidiendo que los ayuntamientos puedan ejercer su potestad de regular y controlar construcciones en su territorio.
"El artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche es inconstitucional, pues invade la esfera de competencia exclusiva del municipio y vulnera el principio de autonomía municipal", agregó el togado.
El ministro presidente Hugo Aguilar defendió su voto a favor del proyecto, bajo la premisa de que la Constitución Federal establece una división de competencias, la cual "se debe respetar al máximo posible".
"No cabe en mi pensamiento que exista una obra de interés estatal de gran impacto que no sea de interés municipal. Creo que lo que está enfrente es la necesidad de una adecuada coordinación entre órdenes de gobierno", aseveró Aguilar Ortiz.
En un comunicado posterior a la sesión del Pleno, el Alto Tribunal sostuvo que con esta resolución se protege la autonomía del municipio de Campeche, al invalidar normas que limitaban su facultad para autorizar licencias de construcción.
"La Corte determinó que estas normas trasladaban la decisión sobre las obras de gran impacto exclusivamente al Poder Ejecutivo Estatal, eliminando la participación municipal en la planeación urbana y en la regulación de construcciones", explicó.
Sin embargo, aclaró que el Máximo Tribunal sí reconoció la validez del último párrafo del artículo 2 de la misma ley, porque únicamente define el concepto de "obra pública de interés estatal de gran impacto", sin afectar de manera directa las facultades municipales.