La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, descartó renunciar al cargo y calificó como un "ataque político" los cuestionamientos por su relación con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales.

De acuerdo con versiones de medios nacionales y fuentes presentes en el encuentro, Taddei expresó "no me voy" durante una reunión virtual celebrada este sábado 24 de octubre con las demás consejerías.

Según esas versiones, la funcionaria negó encontrarse en un conflicto de interés y señaló que esperaría a que la controversia se "enfríe". La reunión tenía entre sus objetivos revisar la designación de 24 consejeros de organismos públicos locales electorales (OPLE).

Cuestionan cercanía con proveedor

Los señalamientos surgieron tras la publicación de fotografías de comidas y reuniones de Taddei con Hernández Casillas. Posteriormente se difundió un video del empresario en París, Francia, acompañado por Jorge Francisco Pineda Taddei, hijo de la presidenta del INE.

En entrevistas radiofónicas concedidas entre jueves y viernes, Taddei sostuvo que no ha firmado documentos que la vinculen con las empresas Corporativo Zeg, Cajas Graf y Tol Producciones, relacionadas con el proveedor.

Según la información difundida por Infobae, las contrataciones bajo escrutinio suman 514 millones de pesos e involucran al INE y a organismos electorales locales. Los señalamientos sobre posibles irregularidades no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad.

Llaman a preservar al INE

En medio de la controversia, la Alianza Democrática para la Observación Electoral Nacional llamó a los partidos políticos a respaldar al instituto y evitar que los cuestionamientos contra su presidenta deriven en una crisis institucional.

La agrupación sostuvo que debe distinguirse entre la actuación personal de quienes encabezan el organismo y la trayectoria de la institución. También pidió que respondan por su conducta las personas que, en su caso, resulten responsables de faltas o delitos.

El pronunciamiento fue respaldado por académicos, activistas y exconsejeros electorales, entre ellos Mauricio Merino, José Woldenberg, Denise Dresser y Sergio Aguayo.