El Palacio de Gobierno de Nuevo León fue "tapizado" con notificaciones de la sentencia que el pasado miércoles emitió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la cual resolvió que deben ser sancionados 572 servidores públicos del gobierno estatal, por haber captado firmas en apoyo a la candidatura presidencial independiente de Jaime Rodríguez Calderón, en horarios y días hábiles.
En el mismo fallo se ordenó al Congreso local sancionar a los gobernadores con licencia, Jaime Rodríguez, e interino Manuel González, por no tomar medidas que evitaran ese tipo de prácticas, que representan una ventaja indebida de "El Bronco" frente a otros candidatos independientes.
En la resolución del Tribunal, se ordenó a los superiores jerárquicos de los 572 servidores públicos estatales, aplicar sanciones a los subordinados que incurrieron en la práctica ilegal que benefició a Rodríguez Calderón con el uso de recursos públicos económicos y humanos para alcanzar su aspiración de ser candidato presidencial, en un operativo que implicó la participación de 25 dependencias y 12 titulares de algunas de ellas.
Pero el TEPJF también entregó copia de la sentencia al Congreso del Estado, para que actúe en consecuencia a fin de sancionar a Jaime Rodríguez Calderón, ya que del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017, estuvo en calidad de gobernador en funciones y aspirante presidencial independiente.
Asentó el TEPJF que no obstante el deber del entonces gobernador de llevar a cabo medidas oportunas, eficaces y adecuadas (para evitar que la estructura de gobierno interviniera a favor o en contra de algún partido o candidato), "fue en el ámbito central y paraestatal de su administración en el que se identificó el despliegue del servicio público para captar apoyos a su favor".
Por el mismo criterio se solicitó al Congreso sancionar al gobernador interino, Manuel González Flores, en funciones del primero de enero a la fecha, y detectarse que durante el periodo de captación de apoyos ciudadanos que le correspondió como mandatario, prosiguió la misma práctica de distraer de sus deberes a cientos de servidores públicos, para captar firmas a favor de "El Bronco".
Dado que no hubo quien recibiera en Palacio de Gobierno, la sentencia de 56 hojas para cada uno de los funcionarios implicados en violaciones a la legislación electoral y el artículo 134 de la Constitución General de la República, que los obliga a mantener neutralidad e imparcialidad a fin de no favorecer o afectar a determinado partido o candidato, fueron adheridas con cinta transparente en las paredes del interior del inmueble, al menos 59 juegos de copias de la resolución, con su respectiva notificación personal.
El departamento de Comunicación Social del Gobierno del Estado, había convocado a una rueda de prensa para las 13 horas de este sábado, que encabezaría el gobernador interino, Manuel González Flores, a fin de hablar sobre el fallo del TEPJF; pero cuando al prensa ya estaba en el la sede del poder ejecutivo, avisaron que se cancelaba la atención a medios y más tarde se emitiría un comunicado.
El secretario general de Gobierno, Genaro Alanís de la Fuente, al ser abordado de sorpresa, visiblemente nervioso, dijo desconocer por qué se canceló la rueda de prensa, y declaró que hablaría con el representante del INAH, por considerar que fue una falta de respeto, que el personal del TEPJF colocara las notificaciones sobre las paredes de un edificio histórico, construido hace más de cien años durante el gobierno del general Bernardo Reyes.
"La verdad de las cosas, siento que se les pasó la mano con eso, debieron haber notificado a los domicilios de cada empleado, o funcionario o empleado de segundo o tercer nivel a quien viene la comunicación", dijo el Secretario.
No consideró que se tratara de dar un golpe mediático a la candidatura de Jaime Rodríguez, pues los notificadores "están cumpliendo con una denuncia que alguien hizo".
Cabe mencionar que la sentencia contra los funcionarios y empleados estatales, es la culminación de una denuncia que presentaron los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar y Samuel García, que dio pie al Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSC 153/2018.
Amenaza con demandar a empleados del Trife
Sin fijar una postura sobre la sentencia que emitió la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sean sancionados por sus superiores jerárquicos, empleados y funcionarios del gobierno de Nuevo León, la administración estatal emitió un comunicado para condenar que las notificaciones del fallo se hayan colocado con cinta adhesiva sobre las paredes del Palacio de Gobierno.
A través de un comunicado emitido después de las 17:00 horas, la administración estatal expuso: "El Gobierno del Estado de Nuevo León condena la forma en la que personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fijó con cinta adhesiva documentos en las paredes del Palacio de Gobierno".
"Construido en 1895, la sede estatal es un monumento nacional declarado y protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y no puede ser alterado o dañado, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos", se asienta el posicionamiento oficial.
Utilizar un adhesivo para fijar instructivos en sus paredes supone una alteración y un riesgo para su preservación, señala el comunicado.
Por ello, se afirma, "el Gobierno de Nuevo León no desprenderá los documentos para evitar daños, y dará vista al INAH para que sea este Instituto el que indique el procedimiento a seguir".
En caso de que el INAH considere que hubo un daño o riesgo a las paredes del recinto se procederá a presentar la denuncia correspondiente, dice el comunicado.
Finalmente, señala que "el Gobierno del Estado se manifiesta a favor del respeto, cuidado y preservación de los monumentos y el patrimonio histórico de Nuevo León".