Recientemente, las autoridades de Texas declararon como propiedad estatal nueve islas situadas a lo largo del Río Bravo, en un contexto que genera tensiones con México. En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, bajo la dirección del canciller Roberto Velasco, subrayó que la frontera entre ambos países no puede ser alterada por una decisión de un gobierno estatal. La SRE indicó que los límites territoriales están definidos por criterios establecidos en un tratado internacional bilateral.
El Tratado de Límites de 1970 entre México y Estados Unidos establece que, en el caso del Río Bravo, el límite internacional se sitúa por el centro del cauce normal del río. Esta disposición es fundamental para determinar la soberanía sobre las tierras adyacentes, independientemente de la soberanía que estas tierras hayan tenido anteriormente. La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la entidad competente para aplicar este tratado y establecer en qué lado del límite se encuentran cada una de las islas. La SRE enfatizó que ninguna autoridad estatal tiene la capacidad para tomar decisiones en este ámbito.
De acuerdo con el Tratado, está prohibido que algún país realice construcciones que, según la valoración de la CILA, puedan alterar o bloquear el flujo normal del río. En este sentido, México manifestó su intención de monitorear de manera atenta cualquier acción en la zona, reafirmando su compromiso con el cumplimiento de los tratados que regulan la frontera compartida y con mantener un diálogo bilateral a través de los mecanismos existentes.
La decisión de Texas de designar estas islas como propiedad estatal fue anunciada por la comisionada de Tierras, Dawn Buckingham, quien destacó que esta medida tiene como fin prevenir que los cárteles las utilicen para el tráfico de personas y drogas. La designación siguió a una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que había instado a la Oficina General de Tierras (GLO) a revisar la situación de 28 islas en el Río Bravo, presuntamente sin dueño. Tras este análisis, Texas determinó que nueve de estas islas pertenecerían al estado.
Buckingham explicó que la GLO notificará a las fuerzas de seguridad sobre la propiedad estatal de estas islas para permitir su patrullaje y supervisión, con el objetivo de erradicar actividades ilegales. La comisionada afirmó que el territorio texano no será un refugio para cárteles, traficantes de personas u otros grupos delictivos. Esta situación refleja una compleja intersección de temas de soberanía y seguridad en la región fronteriza.