Ciudad de México.- Es agosto de 2023 y la pesadilla apenas comienza. Solo dos metros adelante de la casa de Leonor Corona, un taladro gigantesco perfora el suelo. Adentro, su nieto ve la televisión al volumen más alto, compite con el ruido de la maquinaria que se utiliza para construir los últimos 2.4 kilómetros del Tren Interurbano México-Toluca, la obra del gobierno de Enrique Peña Nieto que 10 años después intenta terminar el de Andrés Manuel López Obrador.
Seis meses más tarde, febrero de 2024, los estragos brotan por la vivienda de la colonia Liberales de 1857: un muro de ladrillo gris se separa de la pared contigua, en el techo del cuarto de sus nietos se abre un boquete y en otra habitación el techo se cuelga, como si le hubiera salido una discreta barriga.
“Vivo con el miedo de que se nos caiga la casa. Metieron debajo unas anclas y empezó a vibrar todo”, dice, entre lágrimas, Leonor.
En esta colonia sólo un predio fue adquirido por el gobierno para poder desarrollar la obra, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) vía transparencia. Una suerte similar corre las otras colonias por donde avanza el trazo: Capulín, Ampliación El Capulín y Acueducto.
Tanto el gobierno federal como la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) —encargada de la ejecución de este tramo— han asegurado que no se requiere la liberación del derecho de vía porque el trazo se ubica sobre bienes del dominio público. El derecho de vía es una franja de terreno que se requiere para la construcción y protección de una vía de comunicación, según la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Debe tener mínimo 15 metros de cada lado.
La naturaleza de la colonia Liberales 1857 no permite ese margen de maniobra. El hogar de Leonor está sobre el derecho de vía, igual que otras 94 casas que se edificaron dentro de la zona federal de la Presa Tacubaya.