Ciudad de México.- A pesar de que el matrimonio infantil está prohibido en México desde 2019 y es sancionado en el Código Penal Federal desde 2023, 25 entidades siguen sin tipificar como delito la cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes.
Si bien los estados modificaron sus constituciones y códigos civiles para evitar estas uniones forzadas, todavía existen vacíos legales en sus códigos penales, lo que permite que agresores queden impunes frente a la violencia sicológica, sexual y económica que ejercen hacia ellas.
Actualmente, sólo siete estados (Campeche, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas) incluyen en sus códigos penales el delito de cohabitación forzada.
La pena impone de ocho a 15 años para quien obligue a unirse a personas menores de 18 años con el fin de convivir en forma constante y equiparable al matrimonio. Y el viernes 30 de enero, en Chiapas se aprobó reformar su Código Penal para incluir la misma sanción.
En los últimos tres años, legisladores de 18 estados han propuesto tipificar este delito al argumentar que las uniones tempranas y las uniones forzadas son una realidad bajo el argumento de usos y costumbres, y que en distintas regiones las niñas son vendidas o intercambiadas por propiedades. Sin embargo, esta problemática no ha sido discutida ni votada en sus congresos.
De acuerdo con datos publicados por el gobierno federal, al menos 27 mil 800 niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años estaban casadas o unidas en 2020, es decir, 7.5% de las adolescentes indígenas en el país.
Indicó que los estados con mayor prevalencia de matrimonios infantiles entre niñas indígenas son Sinaloa, Baja California Sur y Tamaulipas. Los estados con mayor número absoluto de mujeres indígenas casadas o unidas antes de los 18 años son Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
De acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) 2024, en ese año hubo 89 mil 527 nacimientos registrados de niñas y adolescentes.