Los mexicanos en el extranjero no podrán participar en la elección del Poder Judicial, debido a que no se incluyó en la legislación secundaria, determinó el Consejo General del INE.
En respuesta a una consulta de organizaciones migrantes y una senadora, el órgano electoral señaló que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) señala que el sufragio en el extranjero para esta elección sólo podrá hacerse como un ejercicio para recopilar datos, y no tendrá efecto vinculante.
"En principio este Consejo General no considera que exista viabilidad jurídica para implementar el VMRE (Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero) en el marco del PEEPJF 2024-2025, al no encontrarse regulada expresamente en la LGIPE la participación de la ciudadanía residente en el extranjero en los comicios para la renovación de personas juzgadoras integrantes del PJF", apunta el acuerdo aprobado por mayoría de votos.
El INE recibió escritos de la senadora migrante Karina Ruiz, la asociación Fuerza Migrante AC y el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes en Estados Unidos, pidiendo que se garantice este derecho en la elección federal de 2025.
El acuerdo fue aprobado con seis votos a favor y cinco en contra, con opiniones divididas entre consejerías, ya que unas consideraban que sí están obligados a garantizar este derecho, mientras que otros consideraron que no tenían posibilidad material para realizarlo.
El consejero Uuc-kib Espadas consideró que no se sustenta que mexicanos en el extranjero que están fuera de jurisdicción de ciertos jueces puedan ejercer su voto.
"Un principio básico de democracia es que las personas puedan votar por quienes ejercen autoridad sobre ellas, y en este caso resultaría una franca contradicción que personas que no pueden ser juzgadas por las personas que se van a elegir, deban decidir quiénes son las personas que juzgaran a otras personas", expuso.
En contra del proyecto, el consejero Arturo Castillo, consideró que el INE puede actuar ante la omisión legislativa, como ha regulado otros aspectos que no prevé la ley.
"El silencio legislativo y constitucional naturalmente debe entenderse como una laguna y no como una negativa para garantizar el derecho al voto extraterritorial, esto por supuesto da o tiene como consecuencia efectos jurídicos distintos", apuntó.
La consejera Carla Humphrey señaló que el proyecto no analiza a profundidad del caso y no obedece al principio de progresividad para garantizar el voto.
"Creo que se podría garantizar al menos para las elecciones que estamos viendo que podíamos catalogar como nacionales, las de la integración de la Sala Superior de la Suprema Corte, incluso del Tribunal Disciplinario, incluso quizá de las Salas Regionales, pero me parece que debemos cumplir además con los fines de este Instituto, que es asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político y electorales. Ese es un fin justamente de este Instituto", dijo.
La consejera Claudia Zavala añadió que "afirmar que no es posible ni jurídica, ni técnica, ni operativa y materialmente atender de manera favorable las solicitudes no lo acompaño y mucho menos que no se dé una verdadera y fuerte razón que es la económica, no hay recursos y aquí no se menciona".