En la entrega anterior escribí sobre el primer amparo de Cambio de Ruta: aquel expediente del 19 diecinueve de abril de 2016, promovido para exigir algo tan elemental como saber qué aire respirábamos en San Luis Potosí. Ese fue el punto de partida. Pero ninguna historia de activismo ambiental se entiende sólo por su origen. También debe mirarse por las batallas que fue acumulando, por las puertas que abrió y por las preguntas que obligó a contestar.
Diez años después, el balance no cabe en una lista de “logros”, porque no se trata de presumir medallas ni de hacer inventarios autocomplacientes. La defensa ambiental rara vez permite celebraciones completas. En esta materia, casi toda victoria es parcial, temporal, frágil o insuficiente. Se gana una suspensión, pero el riesgo sigue. Se obtiene una sentencia, pero la autoridad la cumple a medias. Se obliga a entregar información, pero el proyecto continúa oculto entre anexos, reservas, evasivas y tecnicismos.
Aun así, hay algo que sí puede afirmarse con claridad: durante estos 10 años, Cambio de Ruta no dejó que la ciudad perdiera en silencio.
Ese quizá sea el sentido más profundo del activismo jurídico ambiental. No siempre logra impedirlo todo. No siempre gana en tribunales. Pero rompe la normalidad del abuso. Convierte lo que parecía inevitable en algo discutible. Transforma la resignación en expediente. Obliga a que una decisión pública, antes tomada entre pocos, tenga que dar explicaciones ante muchas y muchos.
Cambio de Ruta impulsó acciones relacionadas con Sierra de Álvarez, Paseo de la Presa, San Juan de Guadalupe y Joya Honda. No era sólo una defensa paisajística. Era una exigencia jurídica elemental: si el Estado declara que un territorio merece protección especial, entonces debe protegerlo de verdad. No basta ponerle nombre solemne a un ecosistema; hay que dotarlo de reglas, vigilancia, manejo, presupuesto y futuro.
Joya Honda y Paseo de la Presa mostraron con claridad que la omisión también puede ser una forma de daño ambiental. Sin programas de manejo, sin instrumentos efectivos y sin vigilancia real, los decretos se vuelven papeles viejos para decorar archivos oficiales. La ausencia de reglas no es neutral: suele beneficiar al más fuerte y dejar indefenso al territorio.
Después llegó con fuerza la defensa del árbol urbano. Y aquí conviene decirlo sin solemnidad excesiva: en San Luis Potosí, defender árboles a veces parece más escandaloso que talarlos. Por eso fue tan importante la defensa de Avenida Himno Nacional, donde se promovió un amparo para proteger aproximadamente 867 individuos vegetales frente a una intervención vial que podía afectar uno de los corredores verdes más significativos de la ciudad. Aquella causa ayudó a poner sobre la mesa una idea obvia: la obra pública no puede tratar a los árboles como obstáculos menores ni decidir sobre ellos sin estudios, transparencia y alternativas reales.
Parque de Morales abrió otra dimensión de la misma batalla. Ahí la discusión no era oponerse a la rehabilitación de un parque querido por la ciudad. Al contrario. Precisamente porque se trata de un espacio público valioso, la exigencia era que cualquier intervención se hiciera bien. La pregunta era sencilla: si la obra era tan buena, ¿por qué no transparentarla desde el principio?
En los años recientes, Río Santiago y Splash (Dinoasis) en el Parque Tangamanga han mostrado que la disputa ambiental se ha vuelto más compleja. Ya no se trata sólo de detener una tala concreta o exigir un documento específico. Se trata de defender estándares: transparencia ambiental, evaluación de impacto, participación pública, principio precautorio, acceso a la justicia y legitimación de las organizaciones ciudadanas. Se trata, en pocas palabras, de impedir que la autoridad convierta el espacio público en laboratorio de ocurrencias.
En estos 10 años, Cambio de Ruta aprendió que litigar por el ambiente es litigar contra una cultura política profundamente arraigada: la cultura de decidir primero y justificar después; de anunciar antes de estudiar; de talar antes de consultar; de reservar información antes de explicar; de llamar progreso a cualquier cosa que tenga concreto, presupuesto y fotografía oficial.
Cambio de Ruta no puede decir que ganó todas las batallas. Sería falso. Pero sí puede decir algo más importante: no dejamos que la ciudad perdiera en silencio. Porque el derecho a un medio ambiente sano no se suplica. Se exige. Se prueba. Se litiga. Se defiende. Y cuando hace falta, se vuelve camino.
Delirium Tremens.- La solución al paro de obras en el Parque de Morales está en manos de la titular de la SEDUVOP, Leticia Vargas. Resolverlo sería sencillo si existiera voluntad institucional: bastaría con presentar ante el Juzgado y ante la ciudadanía el proyecto técnico completo, con toda la información que permita conocer, evaluar y verificar lo que realmente se pretende ejecutar. Por eso, si la conocen o tienen oportunidad de verla, sería importante preguntarle, con respeto pero con firmeza, por qué se rehúsa a transparentar el proyecto. La ciudadanía tiene derecho a saber. El parque no es de una dependencia: es de todas y todos.
@luisglozano