En el vértigo del año 2024, mientras el planeta ardía entre récords de calor, sequías extremas e inundaciones imprevistas, otra tragedia —silenciosa, sistemática, incómoda— se consumaba lejos de los reflectores. Según el informe Raíces de Resistencia de Global Witness, al menos 146 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas o desaparecidas ese año solo por proteger lo que sostiene la vida: los bosques, los ríos, las montañas, la biodiversidad y los territorios donde aún respira la esperanza.
Ciento cuarenta y seis. No son estadísticas: son historias truncadas, familias en duelo, comunidades mutiladas. Son heridas abiertas que ni los gobiernos quieren ver ni las empresas quieren reconocer.
En un mundo que presume compromisos climáticos, acuerdos internacionales y planes de transición energética, sigue resultando “normal” que quienes defienden la naturaleza paguen con su vida. Es la paradoja de nuestra época: la gente que muere no por extraer, sino por proteger.
Los datos del informe son demoledores y revelan un patrón constante: América Latina sigue siendo el epicentro mundial de los asesinatos contra personas defensoras, concentrando el 82% de los casos documentados. Colombia aparece nuevamente como el país más mortal, con 48 asesinatos; Guatemala registra un incremento brutal; y México —nuestro México— contabiliza 19 casos, entre asesinatos y desapariciones, que nos recuerdan la precariedad en la que se ejerce el derecho a defender derechos.
En México, los perfiles se repiten con una precisión escalofriante: campesinos; autoridades comunitarias; activistas indígenas; mujeres que encabezan luchas por el agua; sacerdotes que defienden bosques; jóvenes que enfrentan cacicazgos, crimen organizado y megaproyectos.
Y siempre, detrás, el mismo denominador común: la impunidad.
Hay un hilo rojo —y doloroso— que conecta las historias de Julia Chuñil, lideresa mapuche desaparecida en Chile; de los campesinos asesinados en Bajo Aguán, Honduras; de los integrantes del CCDA ejecutados en Escuintla, Guatemala; o de los defensores masacrados en Chiapas y Guerrero.
Todas estas luchas tienen algo en común: una disputa desigual entre comunidades que buscan vivir en paz y poderes económicos, estatales o criminales que quieren su territorio.
El informe no deja margen a la interpretación: en numerosos casos las fuerzas de seguridad del propio Estado aparecen involucradas en ataques contra personas defensoras, especialmente en Filipinas, México, Brasil y Centroamérica. En otros, los gobiernos son omisos, cómplices o encubridores.
Pero la estadística es un golpe seco: Desde su adopción en 2018, casi 1,000 defensoras y defensores han sido asesinados o desaparecidos en América Latina. Escazú prometía protección; la realidad entrega muerte.
Quien piense que estos asesinatos son “problemas aislados” se equivoca. Lo que está ocurriendo es estructural. En Guatemala, el informe muestra cómo el crimen organizado disputa territorios ricos en recursos, controlando plantaciones, ríos y rutas marítimas. En Colombia, los grupos armados y las economías ilegales han llenado los vacíos dejados por el Estado. En México, las comunidades están atrapadas entre el proyecto extractivo y el proyecto criminal, ambos revestidos de un mismo manto de impunidad.
¿Y San Luis Potosí? ¿Qué hay de nosotros? Aunque el informe no entra en detalle sobre el estado, quienes vivimos aquí conocemos perfectamente las resonancias locales: tala de miles de árboles “por desarrollo urbano”, proyectos sin transparencia, omisiones sistemáticas, acuerdos de gabinete en lo oscurito, criminalización de ambientalistas, permisos exprés, desprecio por la participación pública y violaciones continuas al derecho al medio ambiente sano.
Aquí también hay nombres, historias y luchas. Aquí también se criminaliza, se desprecia, se descalifica. Aquí también se juega la vida por defender un parque, un cerro, un bosque, un río.
Los 146 asesinatos de 2024 no deben pensarse como tragedias ajenas, sino como señales del rumbo que está tomando la humanidad. Cada defensora asesinada es un mensaje: “El modelo no permite resistencia.”
Delirium Tremens.- Pero si algo confirma que en San Luis Potosí la simulación ambiental ya es política pública, es el sospechoso proyecto de Área Natural Protegida en Villa Hidalgo: un documento que dicen incluye especies de flora y fauna que ni siquiera existen en el estado, una torpeza tan grotesca que delata el nivel de improvisación con que se pretende “proteger” el territorio. Y mientras nos llega información que, de documentarse con rigor, derivará en otro litigio estratégico en defensa del medio ambiente, surge la pregunta inevitable: ¿para qué quiere la Gallardía otra ANP si para el 2026 planea para todas las del estado destinar menos de $5.00 [cinco pesos] por hectárea al año para su cuidado?
Esa no es conservación: es abandono institucional maquillado de decreto.
@luisglozano